El artículo de Federico Valdés Bize, investigador y antropólogo colaborador de El Mostrador, expone un caso de conflictos de interés en el contexto del megaproyecto eléctrico de Transelec en Chiloé. Paola Basaure, quien fuera jefa de evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), pasó a ser gerenta corporativa de Transelec, empresa detrás del proyecto. En su nueva posición, Basaure ha mantenido reuniones de lobby con sus exsubordinados en favor del proyecto, justo antes de la votación del informe ambiental.

 

El proyecto Sistema de Transmisión Tineo – Nueva Ancud de Transelec, una empresa canadiense-china, propone un tendido eléctrico de alta tensión de 96 kilómetros que conectaría la Isla Grande de Chiloé con el continente. Este proyecto ha generado preocupaciones en organizaciones sociales, comunidades indígenas y ciudadanía por su impacto ambiental potencial, afectando bosques nativos, humedales, turberas, aves migratorias, y las propias comunidades, además de habilitar la instalación de más de 20 complejos eólicos sin adecuados instrumentos de planificación ambiental y territorial ni consulta indígena.

 

El artículo denuncia prácticas de clientelismo, lobby y presencia de operadores políticos, además de las puertas giratorias evidenciadas en el paso de Basaure de una posición regulatoria a una ejecutiva dentro de la misma empresa que regula. También se menciona a María José Ariztía, quien pasó de Transelec al Ministerio de Energía, y a Claudia Serrano, vinculada a Transelec y Miguel Crispi Serrano ex subsecretario de Desarrollo Regional, actual jefe de asesores de La Moneda, lo que añade capas de conflicto de interés y nepotismo al escenario.

 

El informe detalla cómo el proyecto ha extendido sus plazos debido a la pandemia, y cómo Transelec ha gestionado su influencia tanto en el ámbito gubernamental como en el comunitario, incluso utilizando la entrega de ayudas como medio de ganar apoyo local.

 

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