El 3° Juzgado de Garantía de Santiago ha dictado prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y para José Matías Muñoz Becerra, tras concluir que existen «presunciones fundadas de participación» en varios delitos graves.

 

La jueza a cargo del caso enfatizó que el principio de imparcialidad es fundamental en la función jurisdiccional, asegurando que las decisiones se basan exclusivamente en los hechos presentados y en la ley, sin considerar filiaciones ni ideologías políticas. «Nuestra Constitución y nuestro sistema penal establecen como principio básico la igualdad ante la ley,» recalcó, subrayando que nadie debe recibir un trato preferencial y que todas las decisiones judiciales deben ser objetivas.

 

El Ministerio Público presentó antecedentes que sugieren la participación de Jadue en un delito de estafa relacionado con el convenio entre la Municipalidad de Recoleta y la Universidad de Concepción para producir Interferon, fondos que supuestamente fueron desviados hacia Achifarp. La jueza también recordó un episodio anterior donde glucómetros destinados a la salud pública terminaron en un vertedero, calificando estos actos como “ocultamiento” del origen ilícito de los bienes, justificando así la acusación de lavado de activos contra Muñoz Becerra.

 

La magistrada señaló que gran parte de los delitos son delitos funcionarios, y consideró que las medidas cautelares de menor intensidad serían insuficientes. «No se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna», afirmó, indicando que la libertad de los imputados Jadue y Muñoz representa un peligro para la seguridad de la sociedad.