La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el oficialismo, aprobó este miércoles una serie de reformas a la ley Bitcoin, vigente desde septiembre de 2021, que eliminan la obligación de aceptar el criptoactivo para los agentes económicos y reducen la participación del Estado en su uso. Con estas modificaciones se suprimen también las referencias a que el bitcoin es una moneda de curso legal en el país.

Según la nueva redacción aprobada, el artículo 1 establece que las transacciones con bitcoin solo se realizarán «con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada», eliminándose la obligatoriedad que antes implicaba la inclusión de instituciones públicas. Asimismo, el artículo 7 ha sido sustituido; lo que antes obligaba a todos los agentes económicos a aceptar bitcoin como forma de pago, ahora permite a las empresas decidir si desean utilizar la criptomoneda en sus transacciones.

Entre otros cambios, se eliminan de la ley los artículos 1 y 5 que equiparaban el bitcoin con el dólar estadounidense como moneda de curso legal. También se han derogado los artículos 4, 8 y 9, los cuales establecían disposiciones relacionadas con el pago de impuestos en bitcoin, la obligación del Estado de proveer mecanismos para transacciones en criptomoneda y la convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar. Esta convertibilidad se había implementado a través de recursos estatales colocados en un fideicomiso, cuya rendición de cuentas ha sido objeto de críticas, y la billetera Chivo Wallet, que hasta ahora funcionaba como instrumento para dichas conversiones.

La reforma fue impulsada por el presidente Nayib Bukele, cuyo gobierno ha apostado fuertemente por la adopción del bitcoin como uno de sus principales proyectos económicos, a pesar de la alta resistencia y rechazo de la mayoría de la población salvadoreña. De hecho, diversos estudios de encuestadoras han señalado que en 2024 tan solo el 8% de la población utilizó el criptoactivo, el menor índice registrado desde su implementación en 2021.

Otra de las medidas incluidas en la iniciativa establece que la deuda local o internacional contraída por el Estado salvadoreño deberá ser pagada en la moneda en la que fue originalmente contraída, lo que representa un cambio en la política económica del país.

En declaraciones, Stacy Herbert, directora de la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, indicó que, a pesar de que el bitcoin continuará teniendo curso legal, su uso se restringirá a inversiones del sector privado. Además, anunció que la billetera Chivo Wallet será «vendida» o «descontinuada», en línea con las nuevas disposiciones de la ley.

Estas reformas se enmarcan en el contexto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a mediados de diciembre alcanzó un acuerdo con el Gobierno de El Salvador para un préstamo de 1.400 millones de dólares, en el que el uso del bitcoin fue uno de los puntos evaluados.