El sujeto, que fue detenido en Valparaíso, es parte de una banda de cinco personas investigada por la sustracción de equipos avaluados en 100 millones de pesos. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar más gravosa.

 

El Juzgado de Garantía de Ancud decretó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva para un hombre adulto, el primer formalizado de un grupo de cinco individuos investigados por su presunta participación en un millonario robo que afectó a una sucursal de la empresa Movistar en la ciudad durante el mes de abril.

La información fue entregada por el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Ancud, Fernando Metzner Iribarren, quien lidera la investigación. Según detalló, la detención del imputado se concretó hace dos días en Valparaíso, en virtud de una orden solicitada por el Ministerio Público.

 

«El día de hoy se formalizó a un hombre adulto por la responsabilidad que le cabe en un delito de robo que afectó a una sucursal de la empresa Movistar, ocasión en la que lograron sustraer diversos equipos telefónicos de alta gama avaluados inicialmente por la víctima en 100 millones de pesos», explicó el fiscal Metzner.

 

La formalización es el resultado de una acuciosa investigación instruida por la fiscalía y llevada a cabo por la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Primera Comisaría de Carabineros de Ancud. El fiscal destacó que las diligencias incluyeron la toma de declaraciones, el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, y el rastreo de los vehículos utilizados por la banda, lo que permitió identificar incluso el lugar donde pernoctaron en la isla de Chiloé y su paso por el Canal de Chacao.

«Todos estos antecedentes permitieron establecer en forma objetiva y contundente la participación de cada uno de estos imputados en este delito de robo», afirmó Metzner.

 

En la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva argumentando que la libertad del imputado representa «un peligro para la seguridad de la sociedad» y es necesaria para asegurar el éxito del procedimiento, considerando además que el individuo posee condenas anteriores por hechos similares.

 

A pesar de la oposición de la defensa, el tribunal acogió los argumentos de la fiscalía y ordenó el ingreso del sujeto a un centro penitenciario. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.

 

El persecutor añadió que aún existen órdenes de detención vigentes para otros miembros de la banda y que ya se han programado audiencias de formalización para otros coimputados que actualmente se encuentran privados de libertad por otras causas.