ANCUD – Un complejo escenario laboral y social atraviesa la comuna de Ancud tras el cierre de la planta procesadora de la empresa láctea Chilolac, que culminó con el despido de 110 trabajadores. La controversia radica en que la compañía invocó una causal legal que la exime del pago de indemnizaciones por años de servicio, desatando la indignación de los afectados.

La administración de la firma notificó los términos de contrato bajo el artículo 159, numeral 5 del Código del Trabajo, que se refiere a la «conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato». Esta maniobra legal evitaría que la empresa desembolse los pagos correspondientes a la antigüedad laboral, un hecho que el presidente del sindicato, Juan Paredes, calificó como un «mazazo» para familias que dedicaron décadas a la institución.

Detalles del conflicto

Según la dirigencia sindical, los despidos se ejecutaron mediante cartas tipo con contenidos idénticos. La situación actual de la dotación se desglosa de la siguiente manera:

• 110 trabajadores desvinculados: Sin pago por años de servicio.

• 17 trabajadores activos: Principalmente personal con fuero (sindical o maternal), jefaturas y encargados de la sala de ventas para liquidar stock.

• $1.200 millones: Es el monto global que, según estimaciones del sindicato, debería pagarse en finiquitos bajo una causal ordinaria.

Acciones legales y apoyo institucional

Los trabajadores consideran que la causal invocada es improcedente, argumentando que sus funciones eran de carácter permanente y no por una obra finita. Ante esto, se han activado diversas redes de apoyo:

1. Inspección del Trabajo: El director regional, Claudio Salas, confirmó que se encuentran brindando asesoría técnica para canalizar los reclamos formales.

2. Apoyo Municipal: La Municipalidad de Ancud puso a disposición de los afectados un abogado laboralista para iniciar las acciones judiciales pertinentes.

3. Vía Judicial: El sindicato no descarta llevar el caso a tribunales para que un juez determine la nulidad de la causal aplicada y ordene el pago de las prestaciones adeudadas.

«Es una situación crítica vinculada a la situación financiera de la empresa, pero no permitiremos que el costo lo paguen los trabajadores perdiendo sus derechos adquiridos», señalaron desde la directiva sindical.

La comunidad local observa con preocupación el impacto económico que tendrá esta cesantía masiva en una zona donde Chilolac representaba una de las principales fuentes de empleo estable.