CASTRO – En un fallo que redefine el mapa administrativo de la capital chilota, la Contraloría Regional de Los Lagos ha dictaminado que la Municipalidad de Castro debe hacer entrega íntegra del inmueble donde operan las escuelas Inés Muñoz de García y Luis Uribe Díaz al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chiloé.

La resolución del organismo de control (Oficio N° OF46565/2026) cae como un balde de agua fría sobre la administración local, ya que implica el desalojo de dependencias clave como el Canal de Televisión y las oficinas de la Corporación Municipal, dejando a estas entidades sin su sede habitual. Lo que genera mayor controversia en la comunidad es que el SLEP ya cuenta con un edificio administrativo en calle Serrano, lo que ha abierto el debate sobre la necesidad de acaparar la totalidad del recinto escolar.

De acuerdo con el documento emitido el 9 de marzo de 2026, la Contraloría se basa en los siguientes fundamentos legales:

Traspaso por «Ministerio de la Ley»: Bajo la Ley N° 21.040, los bienes inmuebles destinados a educación deben pasar al SLEP de forma automática e imperativa.

Indivisibilidad del inmueble: La Contraloría rechazó cualquier intento de subdivisión, señalando que el inmueble fue traspasado en su totalidad y ya se encuentra inscrito a nombre del SLEP en el Conservador de Bienes Raíces desde 2025.

Presencia municipal no es excusa: El dictamen es enfático al señalar que el hecho de que parte del edificio sea ocupado por oficinas municipales o la Corporación no es un impedimento para la entrega total.

Un vínculo «indisoluble»

El Contralor Regional, Mario Quezada Fonseca, argumentó que existe un «vínculo indisoluble» entre el inmueble y la función educativa que allí se presta.

«Solo cabe entender que el inmueble… fue traspasado íntegramente al SLEP Chiloé, razón por la que la Municipalidad de Castro debe disponer su total entrega a la brevedad posible».

 

 

¿Qué opciones le quedan al municipio?

Aunque el desalojo parece inminente, el dictamen deja una pequeña ventana de negociación. Según el artículo 18 de la ley de educación pública, el SLEP tiene la facultad de celebrar convenios con las municipalidades para el uso compartido de los establecimientos, siempre y cuando no se afecte el derecho a la educación de los estudiantes.

Sin este acuerdo, el organismo municipal enfrentará el desafío de reubicar sus operaciones televisivas y administrativas en el corto plazo, mientras el SLEP consolida su patrimonio inmobiliario en la comuna.