CHONCHI.– El conflicto derivado de la investigación por sustracción de madera y ocupación de terrenos en la localidad de Púlpito, comuna de Chonchi, ha escalado a una nueva etapa legal. El Gobierno, a través del Seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, confirmó la invocación de la Ley 21.208, conocida como «Ley Antibarricadas», contra los comuneros que mantienen interrumpido el tránsito en la Ruta 5 Sur.

La movilización, concentrada en el kilómetro 1.223 de la Panamericana, se realiza en apoyo a los 17 imputados que enfrentan un proceso judicial en el Juzgado de Garantía de Castro. Los manifestantes exigen reivindicaciones de tierras, mientras que la autoridad regional enfatizó que la interrupción del libre tránsito mediante el incendio de objetos —en este caso, neumáticos— constituye un ilícito que ya ha sido denunciado a Carabineros.

Tensión en la ruta y avance judicial

La situación en la vía ha generado esperas de hasta cuatro horas para camiones de carga. La tensión llegó a un punto crítico tras reportarse que un transportista intentó sobrepasar una barricada por la fuerza, poniendo en riesgo la integridad de los manifestantes. Al respecto, el Seremi Muñoz instó a la comunidad a respetar la normativa vigente y los procesos penales en curso.

Paralelamente, en el ámbito judicial, la audiencia de formalización cumplió su sexta jornada. Las defensas de los comuneros, lideradas por los abogados Jairo Acevedo y Orieta Llauca, han basado sus argumentos en el derecho internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sostienen que el Estado chileno obtuvo estas tierras mediante el desplazamiento y engaño al pueblo huilliche, por lo que apelan al reconocimiento de la propiedad ancestral por sobre los títulos de dominio vigentes en el Conservador de Bienes Raíces.

Se espera que tras las réplicas de los intervinientes, la magistrada Jesica Yáñez determine las medidas cautelares para el resto de los imputados, ocho de los cuales ya se encuentran bajo arresto domiciliario total.

¿Qué establece la Ley 21.208 (Ley Antibarricadas)?

La Ley 21.208, publicada en enero de 2020, modifica el Código Penal para tipificar como delito la interrupción total o parcial del tránsito en vías públicas mediante el uso de violencia, intimidación o la instalación de obstáculos (barricadas). Específicamente, sanciona con penas de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) a quienes, sin autorización, interrumpan la circulación mediante violencia o intimidación. Si se utilizan elementos como el incendio de objetos o la instalación de barricadas para bloquear el paso, la ley permite aplicar sanciones penales más severas que las de una simple falta administrativa, buscando proteger la libertad de movimiento y la seguridad vial frente a desórdenes públicos.