Santiago — En un giro respecto a sus compromisos de campaña, el Gobierno confirmó la decisión de desestimar la contratación de una auditoría externa internacional para revisar las cuentas del Estado. Según información publicada por La Tercera, la medida responde principalmente a la «estrechez fiscal» que atraviesan las arcas públicas, lo que impide el gasto en consultoras de alto costo.

El plan original, impulsado durante la candidatura del actual mandatario, buscaba convocar a firmas de prestigio mundial —conocidas como las «Big Four» (Deloitte, PwC, EY y KPMG)— para realizar un barrido completo por ministerios, subsecretarías y empresas públicas. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido que la revisión será ejecutada íntegramente por organismos y personal del propio Estado.

El despliegue de los auditores internos

Para suplir la ausencia de firmas internacionales, la Subsecretaría General de la Presidencia (Segpres) liderará un esfuerzo institucional sin precedentes.

• Comité Estratégico: Hace dos semanas se constituyó formalmente el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, presidido por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo.
• Fuerza operativa: El proceso activará a más de mil auditores internos del gobierno central para analizar el uso de recursos fiscales entre el año 2025 y el 11 de marzo de 2026.
• Plazos: Aunque se solicitó un informe preliminar para este 6 de abril, el comité dispone de un plazo de seis meses para entregar los resultados definitivos sobre posibles irregularidades o sobreprecios.

Los motivos del cambio de rumbo

Fuentes gubernamentales consultadas por BioBioChile y La Tercera coinciden en que, además del factor económico, existían preocupaciones logísticas. El costo de una licitación internacional superaba los márgenes previstos y los plazos de ejecución externos habrían retrasado la toma de decisiones urgentes en áreas como seguridad y economía.

Por otro lado, trascendió que dentro de las «Big Four» existía cierta «incomodidad» ante la posibilidad de participar en un proceso con altas implicancias políticas que pudiera afectar su reputación corporativa.

Críticas y defensa oficial

La decisión ha provocado un duro choque político. Mientras la oposición tilda la medida como un «incumplimiento grave» de la transparencia prometida, la subsecretaria Castillo defendió la instancia interna como un «esfuerzo inédito» para explicar a la ciudadanía en qué se gastó cada peso público.

«Nuestro compromiso es avanzar con transparencia, responsabilidad y rapidez», señaló Castillo, asegurando que si se encuentran hallazgos relevantes, estos serán derivados de inmediato a los organismos correspondientes, como la Contraloría o el Ministerio Público.

Fuentes: BioBioChile y La Tercera (Pulso).