CHILOÉ – Tras una nueva extensa jornada de formalización, la abogada defensora de los comuneros de Púlpito, Orieta Llauca, realizó un balance de la audiencia y lanzó duras críticas a la gestión del Ejecutivo en el conflicto territorial que afecta a la zona sur de la isla. Por su parte, el Gobierno, a través del SEREMI de Seguridad, Francisco Muñoz Le Bretón, ratificó la persecución penal por robo de madera y la aplicación de la Ley Antibarricadas ante las movilizaciones en la Ruta 5.

 

La jornada judicial de este domingo concluyó con gran parte de los argumentos de la defensa ya expuestos. Sin embargo, la intervención final de la abogada Llauca quedó programada para este lunes 6 de abril a las 09:30 horas, con el fin de no interrumpir la ilación de su exposición. Se espera que, tras su intervención, la magistrada comunique la decisión respecto a las medidas cautelares de los imputados.

 

Uno de los puntos críticos del día fue la presentación de una cautela de garantía debido a las condiciones de detención de los comuneros. Según Llauca, los representados denunciaron estar pasando frío extremo, contando con solo una frazada en una cárcel concesionada.

 

• La defensa argumentó que el Estado paga por el bienestar de los internos, lo cual no se estaba cumpliendo.

• La jueza acogió el requerimiento y ordenó a la concesionaria proveer el abrigo suficiente de manera inmediata.

Críticas a la «criminalización» del conflicto

Orieta Llauca fue enfática al cuestionar el rol del Gobierno, calificando su actuar como una muestra de «ineptitud» frente a una demanda que supera los 250 años.

 

«Es lamentable el rol que está asumiendo el gobierno… lo que está haciendo es incurrir en responsabilidad internacional en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones… en relación con la protección de los derechos humanos de las personas», señaló la abogada.

 

Llauca sostuvo que el Ejecutivo busca crear una «apariencia de resolución» mediante el uso de la fuerza pública y la criminalización de la lucha ancestral por tierras, en lugar de generar instancias de diálogo y reuniones en el territorio.

 

En la otra vereda, el SEREMI de Seguridad, Francisco Muñoz Le Bretón, explicó en audio difundido por Radio Chiloé que el proceso que lidera la Fiscalía responde a delitos de robo de madera y usurpación que se arrastran, al menos, desde el año 2016 en predios privados y fiscales, con un evidente daño ambiental.

 

Ante los cortes intermitentes de ruta realizados por la comunidad de Púlpito, Muñoz confirmó que se están utilizando todas las herramientas legales disponibles:

 

• Ley Antibarricadas: Vigente desde 2020, se está aplicando para denunciar la instalación de obstáculos que afecten la libre circulación en la zona sur de Chiloé.

• Identificación de responsables: El Gobierno está realizando denuncias ante la Fiscalía para que quienes participen en los desórdenes públicos y cortes de ruta respondan ante la justicia.

 

• Orden Público: El SEREMI recalcó que la prioridad del Gobierno es la disposición del orden público y el monitoreo constante de las manifestaciones para evitar delitos graves.

 

Se espera que la resolución de este conflicto judicial y el futuro de las posibles medidas cautelares quedarían sellados en la audiencia de mañana lunes, en un clima de alta tensión entre las demandas territoriales y la ofensiva legal del Estado que además defiende intereses privados de fondos de inversión y particulares.