En una tensa sesión parlamentaria, el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, defendió la remoción de la jefa de Inteligencia como una decisión «estrictamente institucional», pese a las sospechas de intervención política tras un requerimiento de información enviado por la recién asumida ministra de Seguridad.

VALPARAÍSO – La salida de la prefecta general Consuelo Peña San Miguel, hasta hace poco subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, ha desatado una crisis que escaló este lunes hasta el Congreso Nacional. El Director General de la institución, Eduardo Cerna, debió comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana para explicar los pormenores de una decisión que la oposición califica como una «purga política» orquestada desde el Ejecutivo.

El «Oficio de la Discordia»

El centro de la polémica radica en el Oficio Reservado N° 28, enviado por la ministra de Seguridad, Sra. Steinert, apenas 48 horas después de haber asumido su cargo en marzo de 2026. Según se dio a conocer en la sesión, dicho documento solicitaba antecedentes detallados sobre cambios institucionales y traslados de funcionarios de la PDI que habían colaborado directamente con Steinert en su etapa previa como fiscal.

La coincidencia temporal entre este requerimiento y el llamado a retiro de Peña —quien lideraba el área de inteligencia— ha levantado suspicacias sobre una posible represalia o un intento de control político sobre las unidades de investigación que manejan información sensible.

La Defensa de Cerna: «Facultad Discrecional»

Durante su exposición, el Director General Cerna intentó desvincular la salida de Peña de las presiones del Ministerio del Interior. Basó su defensa en el Artículo 92 del Estatuto del Personal de la PDI, el cual faculta al Director General para cursar retiros de oficiales con más de 30 años de servicio sin necesidad de expresar causa.

«La decisión la toma este Director General. Es una facultad legal que permite dar movilidad al mando y continuidad a la gestión institucional», afirmó Cerna, subrayando que Peña ya contaba con más de 36 años de servicio y que el retiro absoluto procede por ministerio de la ley a los 38 años.

Sin embargo, Cerna admitió que notificó telefónicamente a Peña sobre su retiro el viernes 20 de marzo, el mismo día que cursó la solicitud, aunque la conversación personal se postergó hasta el día siguiente debido a sus compromisos en los funerales de un carabinero en Puerto Varas.

Choque de Relatos en el Congreso

La sesión estuvo marcada por fuertes enfrentamientos entre diputados oficialistas y de oposición:

• La Oposición: Diputados como Jaime Araya y Pinilla cuestionaron la «opacidad» del proceso y la «extraña coincidencia» con el oficio de Steinert. Se solicitó aclarar si hubo recomendaciones o peticiones directas de la ministra para remover a Peña debido a la información que esta manejaba sobre las antiguas causas de la hoy secretaria de Estado.

• El Oficialismo: Por su parte, diputados como Leiva y Coloma acusaron un intento de «politizar» una decisión administrativa rutinaria, defendiendo la autonomía de Cerna para conformar su alto mando.

Incógnitas sin resolver

A pesar de las explicaciones, el Director General mantuvo bajo reserva el contenido de la respuesta que la PDI dio al oficio de la ministra Steinert, argumentando que la materia se encuentra actualmente bajo análisis de la Contraloría General de la República.

La prefecta Consuelo Peña, quien fue la primera mujer en alcanzar el alto mando institucional en el área de inteligencia, deja la institución en medio de un debate sobre la independencia de las policías frente al poder político de turno. Por ahora, la comisión no descarta citar a la propia ministra Steinert para que aclare por qué su primera prioridad al mando de la seguridad nacional fue rastrear el paradero de sus antiguos colaboradores judiciales.