ANCUD – Lo que debió ser una noticia de unidad para la provincia de Chiloé se ha transformado en una encendida polémica política. Mientras el Ministerio de Obras Públicas (MOP) oficializaba la millonaria inversión para reparar el deteriorado tramo Ancud-Degañ en la Ruta 5 Sur, las redes sociales se convirtieron en el escenario de un duro enfrentamiento entre las autoridades locales y el diputado Alejandro Bernales (PL).

 

 

Tras meses de espera, finalmente se confirmó que la Constructora Harcha S.A. será la encargada de ejecutar el proyecto denominado «Conservación de la Red Vial, Ruta 5 tramo Ancud-Degañ».

 

El proyecto cuenta con un presupuesto de $2.637.260.672 y contempla la intervención de un tramo crítico entre los kilómetros 1.080 y 1.103. Según la ficha técnica, las obras tendrán un plazo de ejecución de 180 días (6 meses) e incluyen el bacheo profundo, refuerzo asfáltico y limpieza de fajas, buscando dar una solución definitiva a los peligrosos «cráteres» que han causado múltiples accidentes en la zona.

 

 

La controversia estalló cuando el diputado Alejandro Bernales publicó en sus redes sociales un mensaje celebrando la noticia, vinculando el avance a un «trabajo conjunto» con el concejal de Ancud Pablo Vargas.

 

La reacción de alcalde de Ancud, Andrés Ojeda Care, no tardó en llegar, el pasado viernes 10 de abril, lanzó una dura respuesta acusando al parlamentario de oportunismo. «¡Nuevamente el diputado Bernales arrogándose gestiones que no ha hecho!», disparó Ojeda, señalando que el legislador ha participado «muy minoritariamente» en el proceso.

 

El jefe comunal criticó que el parlamentario omitiera el rol fundamental de los funcionarios de Vialidad, dirigentes de Juntas de Vecinos, gremios de camiones y los alcaldes de la provincia.

 

 

Otro punto de fricción radica en los tiempos administrativos. Mientras el diputado celebraba la noticia como un hecho consumado, Ojeda aclaró que, al momento de la publicación, el proyecto aún no se había adjudicado legalmente por estar pendiente la «toma de razón» de la Contraloría General de la República, un paso burocrático esencial para que el contrato sea válido.

 

Desde el punto de vista institucional, expertos en derecho administrativo recuerdan que los diputados —pertenecientes al Poder Legislativo— no tienen facultades para gestionar, licitar ni ejecutar obras públicas, tareas que son competencia exclusiva del Ejecutivo a través del MOP. Su rol se limita a la fiscalización y a oficiar a las autoridades, por lo que adjudicarse la autoría de una inversión pública suele generar este tipo de roces con las autoridades locales y técnicas que llevan meses de trabajo en terreno.

 

 

Más allá de la disputa por «quién se lleva la medalla», la comunidad ancuditana y de Chiloé en general, esperan que el inicio de las obras sea inminente. El mal estado de la ruta ha sido calificado como una emergencia de seguridad pública, y se espera que una vez que Contraloría de curso legal al contrato, las maquinarias de Constructora Harcha comiencen los trabajos para devolver la conectividad digna al norte de la Isla Grande.