El Consejo Regional (CORE) de Los Lagos acordó formalmente solicitar al Ministerio del Medio Ambiente la priorización urgente de los proyectos de ley refundidos (boletines 17180-2 y 16921-12) que regulan y sancionan los ataques de «perros de libre deambular» y comunitarios. La medida institucional, presentada ante el pleno por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y consejero por Chiloé, Javier Cabello, busca una respuesta del Ejecutivo para destrabar una legislación que hoy se encuentra paralizada en el Congreso.

Desde el organismo regional advirtieron que la problemática ya superó el ámbito municipal, transformándose en una crisis transversal que afecta la salud pública, la economía ganadera y la biodiversidad, con especial impacto en la zona sur del país.

El respaldo técnico: Radiografía de una crisis multidimensional

El acuerdo del CORE no solo responde a una demanda social, sino a un detallado diagnóstico técnico que evidencia la ineficacia de las normativas de tenencia responsable vigentes. Los datos presentados ante el consejo revelan un escenario crítico en tres áreas fundamentales:

• Salud Pública: Las estadísticas muestran una curva de crecimiento exponencial a nivel nacional. Mientras que en 2023 se registraron 61 mil atenciones médicas por mordeduras de canes, la cifra escaló a 81 mil en 2024 y superó los 100 mil casos durante 2025. Además, el historial registra 24 víctimas fatales en el país entre 2018 y 2023.

• Ganadería y Economía Local: El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) contabilizó más de 3.300 animales de granja afectados (principalmente ovinos) entre 2012 y 2025. La región de Los Lagos se posiciona como la zona más golpeada por esta problemática, afectando directamente la economía de la agricultura familiar campesina.

• Biodiversidad en Peligro: La Corporación Nacional Forestal (CONAF) alertó que el 86% de las áreas silvestres protegidas de Chile enfrentan amenazas por ataques de perros. El caso del pudú es el más dramático: es la principal causa de ingreso a centros de rehabilitación. Solo en Chiloé se reportan cerca de 50 ataques anuales a esta especie, con una tasa de mortalidad del 85%. Especies protegidas como el huemul y el guanaco también se encuentran bajo constante amenaza.

El factor clave: No son animales asilvestrados

Un punto crucial ratificado por los informes técnicos expuestos ante el CORE es el origen del problema. Al menos el 90% de los canes involucrados en estos ataques no corresponden a animales asilvestrados, sino a mascotas con dueños negligentes o que fueron abandonadas.

Al respecto, el consejero Javier Cabello, quien además posee competencias profesionales en el área, enfatizó la necesidad de un vuelco en la estrategia legislativa:

«Según especialistas, de los cuales yo me incluyo, más del 90 por ciento de los perros involucrados no serían animales asilvestrados, sino que poseen o poseían dueños, lo que pone su foco en la tenencia irresponsable y el abandono como factores claves al problema. Tenemos una ley de tenencia responsable de mascotas, se han invertido muchos recursos, sin embargo, parece que esta problemática no mejora», argumentó la autoridad regional.

Cabello añadió que el trabajo técnico previo ha sido de carácter transversal, detallando que lleva «trabajando como veterinario y especialista en una mesa técnica por casi tres años, con diputados, quienes han presentado varias iniciativas que hoy descansan en el Congreso». Según explicó, el objetivo de los textos refundidos es, precisamente, «controlar el ataque de animales domésticos en situación de libre deambular a personas, animales domésticos, animales ganaderos y fauna silvestre».

¿Qué propone el proyecto de ley estancado?

La propuesta legal que el CORE de Los Lagos busca reactivar mediante la intervención del Ministerio del Medio Ambiente contempla herramientas regulatorias y punitivas más estrictas que las actuales:

• Tipificación penal: Considerar el «libre deambular» explícitamente como una forma de abandono.

• Sanciones económicas: Aplicar fines y multas severas a los propietarios cuyos animales causen daños a la ganadería o a la fauna silvestre.

• Control demográfico: Establecer la esterilización obligatoria y regular de forma estricta la figura y responsabilidades sobre los «perros comunitarios».

• Fiscalización: Reforzar el uso obligatorio de microchips y potenciar programas de educación ambiental y comunitaria.

Con este oficio, el Consejo Regional de Los Lagos busca ejercer presión institucional descentralizada para que el Gobierno otorgue urgencia legislativa a la materia, dotando al Estado y a los municipios de herramientas reales para frenar un problema sanitario y ecológico en expansión.