La Contraloría General de la República emitió este jueves su dictamen sobre la actuación de la otrora ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y concluyó que se extralimitó en sus funciones al requerir información a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre la investigación del «Clan Chen» en Tarapacá, episodio que derivó en la polémica remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la policía civil, Consuelo Peña.

El organismo fiscalizador determinó que la exsecretaria de Estado incurrió en una falta al deber de abstención mediante el oficio reservado que dirigió a la PDI. La conclusión llega tras más de un mes de revisión, iniciada a partir de un requerimiento del diputado socialista Raúl Leiva.

El parlamentario, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, señaló al Canal 24 Horas que la exministra actuó fuera del marco de sus atribuciones. A su juicio, el punto central es que se pidió información sobre una causa en curso a la que Steinert tuvo acceso en su calidad de fiscal, sin respetar la separación que debe existir entre esas funciones y las que después ejerció como ministra. Para Leiva, la arista más grave del caso es la transgresión del principio de abstención que rige a todo funcionario público, al instrumentalizar un requerimiento a un órgano del Estado en un asunto donde tenía un grado de involucramiento previo.

¿Camino a una acusación constitucional?

Consultado por eventuales acciones en el Congreso, Leiva planteó que, pese a contar con un antecedente grave como el dictamen, el paso legislativo debe analizarse con seriedad y responsabilidad. Sobre una posible acusación constitucional, se mostró cauto y priorizó, en primer término, la creación de una comisión especial investigadora que fiscalice los actos de gobierno y ayude a delimitar la frontera entre el poder político y la persecución criminal.

El pronunciamiento se conoció después del cambio de gabinete del 19 de mayo, que puso fin al paso de Steinert por el Ejecutivo y llevó a Martín Arrau al Ministerio de Seguridad.

El oficio que abrió la controversia

El caso se originó en un oficio reservado que Steinert envió el 13 de marzo al director general de la PDI, Eduardo Cerna, apenas dos días después de asumir la cartera. En el documento solicitó antecedentes detallados sobre funcionarios ligados a la investigación del «Clan Chen» en Tarapacá, incluyendo nombres, grados jerárquicos, razones de traslado y eventuales antecedentes disciplinarios. Era la misma causa que la exministra había liderado como fiscal regional de la zona.

La remoción de Consuelo Peña

La controversia escaló con la salida de Peña, quien dejó la institución tras 36 años de servicio. Diversos reportes de prensa apuntaron a que Steinert habría pedido personalmente su remoción, en medio de diferencias arrastradas desde su etapa como persecutora en Tarapacá. La exministra negó de manera reiterada haber presionado para concretar esa salida.

La defensa de Cerna

El 6 de abril, el director general de la PDI compareció ante la Comisión de Seguridad de la Cámara y defendió la legalidad del procedimiento. Cerna afirmó que las decisiones de la institución las toma su dirección general y que el retiro de Peña se ajustó a la ley orgánica de la PDI, recordando que la exsubdirectora ya superaba los 36 años de servicio. «Estas decisiones son siempre institucionales», sostuvo.