El biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, afirmó que no existen iniciativas en discusión ni acciones del Ejecutivo en la materia. La definición es determinante: por mandato constitucional, solo el Presidente de la República puede iniciar un proceso de esta naturaleza.

El Gobierno descartó que exista actualmente alguna iniciativa destinada a convertir el archipiélago de Chiloé en una región independiente de Los Lagos, una aspiración que organizaciones ciudadanas, autoridades locales y parlamentarios chilotes han impulsado durante los últimos años.

La definición la entregó el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, quien sostuvo que «la actual organización político-administrativa del país ya se encuentra establecida» y que, por el momento, no existen iniciativas al respecto. La autoridad fue consultada a propósito de la intención del diputado del Distrito 26, Alex Nahuelquín (PDG), de reflotar la propuesta.

Según lo señalado por el Ejecutivo, a la fecha no hay un proyecto formal en tramitación ni gestiones de Gobierno orientadas a avanzar en esa dirección.

Por qué la respuesta del Ejecutivo es determinante

La postura del Gobierno no es un dato más dentro del debate: es, en la práctica, el factor decisivo.

La Constitución establece en su artículo 110 que la creación, supresión y denominación de regiones, así como la modificación de sus límites y la fijación de sus capitales, son materia de ley orgánica constitucional, lo que exige un quórum reforzado de cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio.

A eso se suma una restricción todavía más determinante. Crear una región implica instalar un gobierno regional, una delegación presidencial, seremías, servicios públicos y personal: es decir, gasto fiscal y creación de empleos rentados. Esas materias son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que una moción parlamentaria que pretendiera crear la Región de Chiloé sería declarada inadmisible antes siquiera de discutirse.

En otras palabras, mientras el Ejecutivo mantenga la postura expresada por Alvarado, no existe camino institucional para que la demanda avance, por más respaldo político o ciudadano que reúna.

La reacción parlamentaria y el alcance real de un proyecto de resolución

Este miércoles, en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, Nahuelquín respondió a la definición del Gobierno. «Lamento profundamente la decisión del gobierno de cerrar la puerta a una necesidad que los habitantes del archipiélago de Chiloé vienen planteando desde hace años», señaló, calificándola como «una muy mala señal para miles de chilotes que esperan ser escuchados».

El parlamentario apuntó también al origen insular de la autoridad —»el ministro Alvarado es de Chiloé», planteó— y anunció que en los próximos días ingresará un proyecto de resolución para pedir formalmente al Ejecutivo que reevalúe la demanda.

Conviene precisar el alcance de ese instrumento, porque suele confundirse con una ley. Un proyecto de resolución no es un proyecto de ley ni una moción parlamentaria. Es una herramienta de fiscalización contemplada en el artículo 52 de la Constitución, que permite a la Cámara adoptar acuerdos o sugerir observaciones con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmiten por escrito al Presidente de la República, quien debe dar respuesta fundada por medio del ministro que corresponda dentro de treinta días.

Dicho en simple: la Cámara pide y el Presidente está obligado a contestar, pero no a actuar. El instrumento no crea servicios, no asigna recursos ni modifica la división política del país.

Una demanda que ya recorrió otros dos caminos

La aspiración tiene historia, y en ambos intentos anteriores terminó en el mismo punto: dependiendo de la voluntad del Ejecutivo.

Convención Constitucional (2021-2022). La propuesta ingresó como iniciativa popular de norma y reunió más de 17 mil firmas ciudadanas, superando el umbral exigido para ser admitida a discusión. Buscaba que fuera la ciudadanía la que decidiera, mediante plebiscito, sobre la creación de la Región de Chiloé. El rechazo del texto constitucional en septiembre de 2022 dejó esa vía sin efecto.

Período parlamentario anterior (2024). El entonces diputado Fernando Bórquez (UDI) impulsó un proyecto de resolución solicitando al Gobierno considerar la creación de la nueva región. La Cámara lo aprobó en mayo de 2024 con 99 votos a favor, 13 en contra y 12 abstenciones. Pese al amplio respaldo transversal, y por tratarse del mismo instrumento no vinculante que hoy anuncia Nahuelquín, la solicitud quedó en manos del Ejecutivo de entonces y no derivó en gestión alguna.

El costo, el otro factor en juego

Un reportaje publicado por La Estrella de Chiloé consignó que la discusión reaparece acompañada de advertencias sobre su factibilidad económica. La referencia obligada es la Región de Los Ríos, creada en 2007 tras separarse de Los Lagos: según los antecedentes citados, solo su primer año de funcionamiento habría implicado un gasto cercano a los 18 mil millones de pesos.

En el mismo reportaje, dirigentes isleños plantearon la necesidad de contar con información clara y propuestas técnicamente factibles antes de respaldar o rechazar la idea. En paralelo, un movimiento ciudadano trabaja en propuestas destinadas a ser elevadas directamente al Presidente Kast, precisamente porque el mandatario es la única figura habilitada para iniciar el proceso.

En qué queda

Con la respuesta entregada por Alvarado, la creación de la Región de Chiloé queda fuera de la agenda del actual Gobierno. Cualquier iniciativa parlamentaria que surja en los próximos días podrá instalar el tema en el debate y obligar a una respuesta formal por escrito, pero no podrá crear la región.

Hoy, como en 2024 y como en 2022, la llave sigue en el mismo lugar: en La Moneda.