La Dirección General de Aguas (DGA) confirmó que la intervención del estero La Chacra, en Castro, se ejecutó sin el proyecto de modificación de cauce que exige la ley, infracción por la cual ya se cursó una multa de 455 UTM (más de $32 millones) que fue enviada a Tesorería.

 

Así lo detalló el jefe de la Unidad de Fiscalización de la DGA, Leonardo Vega, quien explicó el marco normativo que rige este tipo de obras: «En términos generales, las modificaciones de cauce se deben aprobar por la Dirección General de Aguas a través de un proyecto, lo cual acá no ocurrió. Finalmente, esa es la infracción al Código de Aguas y el mismo código establece cuáles son las sanciones en caso de que se genere esa infracción».

 

El fiscalizador precisó que la multa responde específicamente a la ausencia de un proyecto previo: «En este caso, fueron 455 UTM la multa por el hecho de no haber presentado un proyecto previo a ejecutar las obras, las que finalmente terminaron colapsando y generando los problemas que hoy día estamos viendo».

 

 

Junto con la sanción económica, la DGA ordenó al infractor retirar todo el material depositado en el cauce, entendiendo por cauce —según explicó Vega— todo el suelo que el agua ocupa hasta su crecida centenaria, es decir, en un período de retorno de 100 años.

 

«Tiene un plazo de 15 días para cumplir esa orden. En caso de no cumplirla, pueden venir otras sanciones aún más importantes», advirtió el funcionario, quien detalló que la primera multa ya está cursada y remitida a Tesorería.

 

Vencido ese plazo, un fiscalizador deberá constatar en terreno si la orden fue acatada. De no ser así, se activa una segunda sanción: «Se hará efectiva la segunda multa, que es de 100 a 1.000 UTA, es decir, hasta casi 800 millones de pesos, una multa bastante importante. Pero además, la DGA le puede encargar a un tercero, a otro servicio del Estado por ejemplo, que ejecute las obras con cargo al mismo infractor».

 

 

Consultado sobre los antecedentes que manejaba el servicio antes de la emergencia, Vega señaló que hubo advertencias formales que derivaron en una resolución, la que sin embargo no alcanzó a evitar el desenlace.

 

«Recibimos nosotros información de la Municipalidad de Castro y finalmente luego recibimos información de la Dirección de Obras Hidráulicas, que nos advirtió que esto tenía un riesgo y que era importante solucionarlo. Luego de eso, nosotros emitimos la resolución, pero finalmente la obra colapsó, generando los efectos que tiene hoy en día».

 

El fiscalizador subrayó además que las excepciones para intervenir un cauce sin autorización previa son acotadas: «Los únicos servicios que están facultados para ejecutar obras en los cauces sin aprobación son los servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas y, eventualmente, los municipios cuando hay alguna situación de emergencia. Todos los demás están sujetos a las normas del Código de Aguas y cualquier modificación de cauce requiere un permiso previo».

 

Vega insistió en que el permiso se tramita mediante un proyecto técnico elaborado por un profesional del área, instrumento que busca garantizar que la obra sea segura «para sus usuarios, pero también para terceros».

 

 

En paralelo, el seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, informó que los trabajos de drenaje continúan con equipos aportados por el consorcio a cargo del bypass.

 

«Seguimos trabajando con sistemas de bombeo que fueron facilitados por la empresa Besalco-Icafal, el consorcio que actualmente está terminando la obra del bypass de Castro, que ya está recepcionada provisoriamente», señaló la autoridad.

 

Una vez completado el drenaje del volumen de agua acumulado aguas arriba del estero La Chacra, la siguiente etapa contempla el ingreso de maquinaria pesada. «Tenemos que comenzar con una excavadora a destapar la boca de entrada de la alcantarilla, obviamente con mucho cuidado, a través de un protocolo de seguridad, un procedimiento definido desde un punto de vista técnico, para poder drenar lo que queda por drenar y volver el cauce a la normalidad posible», explicó Quinteros, quien admitió que «es muy difícil volver a la situación original».

 

El seremi agregó que, de forma simultánea, se evalúan alternativas de mayor alcance junto a los distintos servicios del ministerio: «En paralelo también tenemos que estudiar con los distintos servicios del Ministerio de Obras Públicas —Dirección de Vialidad, Obras Portuarias, DOH y DGA— las soluciones definitivas y provisorias más adecuadas para que esta obra de infraestructura pueda volver a la normalidad».