El Gobierno ingresó con suma urgencia la reforma constitucional de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. La figura central permitiría al Presidente restringir libertad personal, reunión, locomoción, asociación y comunicaciones. Necesita 29 votos y el oficialismo tiene 26.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó el lunes al Senado el proyecto de reforma constitucional que busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). El texto entró con suma urgencia, lo que fija un plazo de 15 días para su discusión, en un trámite que además queda marcado por la próxima semana distrital.

La iniciativa contempla ocho modificaciones a la Constitución, pero el debate se concentró casi de inmediato en una sola: el nuevo régimen de excepción.

Qué permite la nueva figura

Según el proyecto, el estado de excepción de seguridad pública podría declararse ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya haya sido gravemente afectada. La declaración presidencial no podrá extenderse por más de 120 días y el Presidente puede prorrogarla por un periodo igual; recién para las prórrogas sucesivas se requerirá el acuerdo del Congreso Nacional. Es decir, hasta 240 días —ocho meses— de vigencia sin votación parlamentaria.

Durante su vigencia, el Presidente queda facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de locomoción y el derecho de reunión; restringir el ejercicio del derecho de asociación; interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, y disponer la requisición de bienes. Las zonas afectadas quedan bajo la dependencia inmediata de un Oficial General designado por el Presidente, y las Fuerzas Armadas podrán prestar colaboración a Carabineros y la PDI, con mecanismos de coordinación y rendición de cuentas que definirá una ley orgánica constitucional.

El resto del paquete consagra la seguridad pública como deber del Estado, crea un registro para reconocer oficialmente a determinadas organizaciones como criminales o terroristas —calificación que haría el Ejecutivo por decisión fundada y con control del Senado—, establece regímenes penitenciarios diferenciados para los líderes de esas organizaciones y facilita la incautación y liquidación de sus bienes.

El paralelo con la guerra

El cientista político Claudio Fuentes S. difundió en la red social X una tabla comparativa de derechos restringidos bajo cada estado de excepción, incorporando la nueva propuesta. Su conclusión: en términos de restricciones, el estado de seguridad pública quedaría equiparado a una situación de guerra.

El cotejo es verificable con el texto constitucional vigente. El estado de asamblea, previsto para una guerra externa, permite suspender o restringir la libertad personal, la libertad de reunión, la libertad de trabajo, interceptar comunicaciones y afectar el derecho de propiedad, y debe ser decretado con acuerdo del Congreso, que tiene cinco días para pronunciarse. La figura propuesta abarca un catálogo de derechos comparable —y suma la restricción del derecho de asociación—, pero sin ese trámite previo.

Sin votos y con fuego amigo

El presidente de Evópoli, senador Luciano Cruz-Coke, planteó en redes sociales que el nuevo régimen «concede poderes excesivos a Presidente» y debe ser corregido, señalando que no se justifica en democracia entregar atribuciones al Ejecutivo sin control del Congreso durante 240 días. El senador Matías Walker fue más duro: sostuvo que ocho meses de estado de excepción sin control parlamentario, afectando derechos y libertades básicas, es la forma en que «así mueren las democracias».Desde la UDI, su presidente Guillermo Ramírez advirtió que en las condiciones actuales el partido no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad, mientras el senador de RN Andrés Longton señaló que la Constitución no puede convertirse en un árbol de Pascua. La aprobación requiere un quórum de 4/7 en el Senado, esto es 29 de 50 senadores, y el oficialismo cuenta con 26.

En la vereda contraria, parlamentarios de oposición también rechazaron la figura; el diputado Raúl Soto acusó que la reforma debilita la autonomía de otros poderes del Estado. El senador Francisco Huenchumilla, en tanto, exigió que el proyecto sea revisado además por la Comisión de Defensa, por cuanto altera el ámbito constitucional de actuación de las Fuerzas Armadas.

No todo es resistencia. La senadora y jefa de comité de RN, María José Gatica, respaldó la creación del nuevo régimen y el conjunto de medidas del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmando que Chile necesita herramientas más eficaces para enfrentar de raíz al crimen organizado y al narcotráfico.

La defensa del Gobierno

Al firmar la reforma en La Moneda, el Presidente Kast sostuvo que sin seguridad no hay libertad. Invitó al Congreso a discutir «con altura de miras» y a poner la seguridad por delante, calificándola como una urgencia total para el país. El ministro Arrau, por su parte, argumentó que sin seguridad los demás derechos se vuelven ilusorios y que de poco sirve la libertad de emprender si el comerciante vive bajo extorsión.Para llegar al Senado, el Ejecutivo ya había cedido: redujo de 11 a 8 los puntos a modificar y sumó requisitos para el ejercicio presidencial del nuevo estado de excepción, buscando contener la resistencia en Chile Vamos.

El propio ministro Arrau afirmó que el Gobierno está abierto a escuchar.