El diputado Alejandro Bernales, el consejero regional Nelson Águila y el concejal de Castro Ignacio Álvarez cuestionaron que la cuenta oficial del Gobierno Regional publique en colaboración con perfiles de Instagram sin director ni responsable identificable. La institución respondió mediante un comunicado que no menciona a ninguna de esas cuentas.

El diputado Alejandro Bernales, el consejero regional Nelson Águila y el concejal de Castro Ignacio Álvarez cuestionaron las publicaciones que la cuenta oficial de Instagram del Gobierno Regional de Los Lagos ha realizado en modalidad de «colaboración» con perfiles anónimos, varios de los cuales han difundido información falsa o tendenciosa contra autoridades locales. Consultado por Chiloé News, el GORE respondió mediante un comunicado en el que afirma trabajar con «más de doscientos medios de comunicación y plataformas de difusión de las 30 comunas de la Región de Los Lagos», sin identificar a ninguna de las cuentas por las que fue consultado.

La revisión realizada por Chiloé News detectó al menos diez perfiles de Instagram que publican habitualmente contenido destacando la labor del gobernador regional Alejandro Santana, junto a otras autoridades como el alcalde de Puerto Montt y el diputado Mauro González. Esas mismas cuentas, en otras ocasiones, han dirigido publicaciones contra autoridades de distintas comunas, incluidas varias de Chiloé. Ninguna informa quién la administra.

En Instagram, la función de colaboración permite que una publicación aparezca de forma simultánea en el feed de ambas cuentas y llegue a las dos audiencias. El contenido institucional del Gobierno Regional queda alojado también en el perfil del colaborador, con crédito compartido.

«El anonimato no puede utilizarse bajo la apariencia de un medio informativo»

El diputado Alejandro Bernales planteó que saber quién está detrás de cada perfil es una cuestión democrática de fondo.

«Cuidar la democracia también exige saber quién informa y quién está detrás de cada perfil. El anonimato no puede utilizarse bajo la apariencia de un medio informativo para desinformar, manipular políticamente o atacar a quienes piensan distinto. Nuestros vecinos tienen todo el derecho a saber quiénes administran estos perfiles, quiénes los financian y cuáles son sus intereses», señaló.

El parlamentario agregó que el uso de institucionalidad pública en ese circuito le parece de máxima gravedad.

«Me parecería gravísimo que recursos o instituciones públicas, como el Gobierno Regional, terminaran colaborando directa o indirectamente con plataformas que difunden información falsa o distorsionada. En nuestro caso, hemos detectado perfiles que sistemáticamente buscan desacreditar nuestro trabajo, y existen antecedentes que vincularían a uno de ellos con el entorno político de un concejal oficialista de Puerto Montt. Esto debe aclararse».

Bernales comparó el escenario regional con la investigación que hoy sigue la Fiscalía a nivel nacional.

«¿Tenemos en Los Lagos nuestro propio «Seremi Gate»? ¿Quién financia estas plataformas? ¿Hay recursos públicos involucrados? ¿Con qué objetivos operan? Vamos a observar con atención lo que determine la Fiscalía en el caso «Seremi Gate» a nivel nacional y, sobre esa base, con esos antecedentes, evaluaremos las acciones que correspondan en nuestra región. La democracia se defiende dando la cara, con transparencia y responsabilidad, no escondiéndose detrás de perfiles anónimos para manipular a la opinión pública», afirmó.

«Ahí hay una irresponsabilidad del Gobierno Regional»

El consejero regional por la provincia de Chiloé, Nelson Águila, dijo desconocer esta práctica hasta ser consultado por Chiloé News.

«Primero me sorprende la información. No tenía conocimiento de que un Instagram que es oficial del Gobierno Regional pida colaboración a páginas que no se sabe quiénes son los responsables de llevarla adelante. No son páginas que se conozca su director o su responsable. Por lo tanto, ahí hay una irresponsabilidad del Gobierno Regional, porque muchas de esas páginas se han dedicado a denostar o a tratar mal a autoridades parlamentarias, concejales, alcaldes, muchas veces inventando información que no corresponde a la realidad», expresó.

El consejero apuntó a que existen alternativas formales para difundir la gestión regional. «Si el Gobierno Regional quiere pedir colaboración, hay un montón de medios responsables a los cuales se les podría pedir que puedan ayudar a difundir la información. Desde el punto de vista como integrante del Gobierno Regional, no me parece adecuada la forma en que se ha operado, de acuerdo a la información que he conocido hoy día».

Águila añadió un elemento que, a su juicio, agrava el escenario: el calendario. «Uno pensaría que normalmente se utilizan estas páginas o este tipo de recursos engañosos en épocas electorales, pero aquí no hay época electoral; estamos en época sin elecciones todavía por mucho tiempo. Para la democracia es una amenaza el hecho de que aparezcan páginas desinformando a la comunidad».

«Podría ser constitutivo de falta a la probidad»

El concejal de Castro Ignacio Álvarez, quien hace algunos días interpuso una querella por suplantación de identidad contra un perfil anónimo —publicación que fue compartida por cuentas que figuran como colaboradoras en publicaciones del GORE—, sostuvo que ese vínculo debiera incorporarse a la investigación en curso.

«Varias de estas páginas estarían siendo replicadas o en colaboración con el Gobierno Regional, cosa que nosotros estimamos que es totalmente improcedente, podría ser constitutivo de falta a la probidad, ya que incluso existen dictámenes por parte de Contraloría General de la República que señalan que realizar ese tipo, por ejemplo, de colaboraciones se alejan de los fines propios de la institución», indicó.

El concejal precisó que el antecedente será puesto a disposición de la causa.

«Esto es un antecedente que nosotros esperamos que también pueda ser considerado en esta investigación, tanto por el Ministerio Público como luego poder ser ponderado también en el Juzgado de Garantía dentro del procedimiento penal que hemos iniciado», señaló.

Álvarez agregó que evalúan ampliar la acción judicial. «Ver también si es que la querella amerita que realicemos algún tipo de ampliación por los delitos, e incluso las personas que pudieran estar involucradas en todo esto, ya que si es que existe réplica por parte de instituciones públicas como el Gobierno Regional, podría haber incluso hasta funcionarios públicos que podrían estar involucrados, pero esto todo son materias que se van a ir desarrollando en la investigación».

La explicación del Gobierno Regional

Frente a las consultas de Chiloé News, el Gobierno Regional de Los Lagos entregó un comunicado con tres definiciones sobre el manejo de sus contenidos.

En el primer punto, la institución sostiene que a través de todos sus canales formales comunica «de manera exclusiva noticias e información de carácter estrictamente institucional». En el segundo, describe una «amplia red de colaboración» con más de doscientos medios y plataformas de difusión de las 30 comunas de la región, con el fin de «asegurar que el quehacer regional llegue a toda la ciudadanía». Y en el tercero, reitera que a través de sus plataformas y «redes de medios asociados» únicamente se replica información directamente relacionada con las actividades, proyectos y funciones propias del GORE.

«Agradecemos el constante apoyo de nuestra red de medios y reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación institucional transparente y enfocada en el desarrollo de nuestra región», cierra el texto.

La respuesta describe el tipo de contenido que el Gobierno Regional publica, pero no aborda la consulta central: la identidad de las cuentas con las que comparte esas publicaciones. Bajo la categoría de «plataformas de difusión» quedarían incluidos, sin distinción, tanto medios formalmente constituidos como perfiles sin responsable conocido.

El archivo enviado por el Gobierno Regional a los medios incluye, además del comunicado, una sección posterior de análisis que no forma parte del texto público, donde se detalla la correspondencia de cada afirmación con dictámenes de la Contraloría General de la República y se concluye que «el comunicado propuesto está blindado jurídicamente bajo los lineamientos de probidad y buen uso de bienes institucionales».

Consultado al respecto, el gabinete del GORE señaló que esa sección corresponde a un informe de su unidad jurídica y que el chequeo normativo fue realizado con inteligencia artificial. El documento no individualiza ninguno de los dictámenes que invoca: en lugar de la numeración oficial de la Contraloría, presenta marcadores del tipo [cite: 1.2.3].

Ese mismo anexo recuerda que, según la Contraloría, las redes sociales de las entidades públicas son bienes institucionales y que su uso está estrictamente prohibido para fines políticos, partidistas o de promoción personal de las autoridades.