Un reportaje de Teletrece recoge testimonios de personas que vivieron en el grupo, cuyos líderes fueron formalizados en Castro por asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación laboral. La defensa sostiene que la acción está prescrita; la Fiscalía dice que el tribunal rechazó esa tesis.

Exintegrantes de la comunidad Cahuala, ubicada en un sector rural cercano a Huillinco, en la comuna de Chonchi, relataron a Reportajes Teletrece las reglas que, según sus testimonios, regían la vida de sus miembros durante cerca de 40 años: madres que no podían amamantar a sus propios hijos, parejas que vivían separadas y un líder, al que llamaban «El Jefe», que decidía sobre el trabajo, el dinero y la vida afectiva y sexual del grupo.

Los fundadores de la comunidad, Enrique Urrutia Aburto y María Pinto, fueron formalizados el jueves 8 de octubre ante el Juzgado de Garantía de Castro, en una audiencia que se había postergado dos veces. La causa se mantiene bajo reserva.

La investigación

El fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, explicó a T13 que la formalización se hizo por dos delitos: «uno que tiene que ver con un tipo de asociación ilícita para cometer delitos, y además el segundo con el de trata de personas para fines de explotación laboral». La investigación también abarca denuncias de abuso sexual reiterado.

La querella fue presentada en 2019 por dos víctimas, por hechos que habrían ocurrido entre 1999 y 2015. Según el abogado querellante Rodrigo Zegers, el imputado, que se hacía llamar «macho alfa», tenía «un control y una dominación absoluta de las voluntades de las personas, de las economías de las personas e incluso del sexo de las personas». Agregó que sus representados trabajaron 15 años con contrato formal, pero recibían «una mesada, entiendo, de $40.000 mensuales», mientras el control del dinero lo tenían el líder y su pareja, quienes habrían reunido «una gran cantidad de bienes gracias al trabajo prácticamente de servidumbre». Zegers también afirmó que dentro del grupo hubo abusos sexuales contra menores de edad «a vista y paciencia de los imputados».

Prescripción en disputa

El abogado defensor Juan Cristóbal Grünwald sostuvo que, como los hechos imputados llegan hasta 2015 y la formalización ocurrió casi 11 años después, «de acuerdo a los últimos criterios que ha tenido la Corte Suprema en esta materia, la acción está prescrita».

El fiscal Canales respondió que «el tribunal acogió nuestra postura respecto de que aquí no resulta procedente la prescripción con los antecedentes disponibles hoy día».

Juan Cristóbal Urrutia, hijo del líder y socio de sociedades formadas dentro de la comunidad, dijo al equipo de T13 que la familia decidió que hablara solo su abogado.

Los testimonios

Según el reportaje, Cahuala nació a fines de los años 80, cuando un grupo de scouts de colegios del sector oriente de Santiago llegó a Chiloé para formar un campamento permanente con objetivos sociales y espirituales. Para entrar había que ser profesional y estar en pareja. Llegaron a vivir unas 40 personas entre adultos y niños; hoy no serían más de 15.

«‘El Jefe’ era lo superior, ‘El Jefe’ era un dios», relató Patricio Aguirre, exintegrante que no forma parte de los querellantes. Aguirre aseguró que en reuniones grupales el líder «tomaba a una mujer en particular y la ofrecía a los hombres» y determinaba cómo sería el encuentro.

Sobre la crianza, Aguirre contó que, como los nacimientos eran casi simultáneos, las madres «podían amamantar a cualquiera de las guaguas, pero nunca a la que era de ellas», para no crear ese lazo. María Luz, otra exintegrante, dijo que en la comunidad el «yo madre» se consideraba dañino: «Yo estaba con mi hija, que tenía entre 4 y 5 años, y lo peor que yo podía hacer era acercarme a ella. Y eso fue muy desgarrador». Agregó que al salir estaba tan confundida que «ya casi no sabía cómo me llamaba».

Su pareja, Patricio Asenjo, recordó que estaban casados, pero vivían en lugares distintos. Según los relatos, las mujeres viven en la llamada «Casa de los Coigües», separadas de la casa donde están los hombres y los jóvenes.

Pedro Rodríguez, académico de Psicología de la Universidad del Desarrollo (UDD), dijo a T13 que el grupo cumple los criterios de una secta, porque entregar la propia voluntad a otro «es darle a otro la posibilidad de que abuse», ya sea sexual, económica o relacionalmente.

Llamado de la Fiscalía

El fiscal Canales pidió a quienes tengan información que la entreguen: «Aquí en la provincia de Chiloé es conocido, esto se sabe». Las personas que denunciaron ante el Ministerio Público prefieren, por ahora, mantener sus historias en reserva.

Los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

Fuentes: Reportajes Teletrece (T13), reportaje de Francisca Henríquez.