La vicepresidenta fue condenada este martes a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante sus dos mandatos como mandataria (2007-2015).

Los jueces la hallaron culpable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.

La pena dispuesta para Fernández en la denominada “causa Vialidad” es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.

El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).