En una reciente entrevista, la ministra de Educación abordó los principales ejes de la gestión gubernamental en materia educativa, destacando las modificaciones que se pretenden introducir al Sistema de Admisión Escolar (SAE) y el estado del proyecto de ley de Escuelas Protegidas.

Perfeccionamiento al Sistema de Admisión Escolar

La secretaria de Estado aclaró que el proyecto no busca crear un régimen paralelo, sino optimizar el mecanismo actual bajo una estructura unificada:

«La verdad es que lo que proponemos es una mejora al sistema actual… pero va a seguir siendo un solo sistema de admisión… que va a permitir incorporar criterios que hoy día no están… que no tienen cabida en el sistema vigente».

Entre los argumentos para impulsar este cambio, la ministra señaló las deficiencias que presenta la asignación por azar y la necesidad de relevar el rendimiento de los estudiantes. «Lo primero es que hoy día la asignación por azar finalmente la que prima en aquellos establecimientos que tienen más postulantes que cupos», explicó, añadiendo que «este sistema vigente no tiene suficiente consideración por el mérito académico».

Asimismo, detalló que esta modalidad de incorporación de criterios será de carácter voluntaria y aplicará para aquellos recintos con sobredemanda a partir de séptimo básico:

«Va a ser opción del establecimiento si es que quiere incorporar criterios, cumpliendo con el requisito de tener más postulantes que cupos el año previo… y también va a ser decisión del establecimiento qué porcentaje de sus vacantes, qué niveles, qué cursos va a querer».

Desconfianza institucional y gestión escolar

Al ser consultada sobre las críticas que apuntan a que estos cambios podrían propiciar situaciones de discriminación arbitraria, la ministra recordó el contexto en que nació la Ley de Inclusión hace una década, el cual calificó como un escenario de «mucha desconfianza hacia los establecimientos educativos».

Según su análisis, dicha desconfianza derivó en una rigidez excesiva que limitó la gestión de los directores:

«Era tal la desconfianza que con tal de eliminar cualquier espacio para que hubiese prácticas discriminatorias arbitrarias, se eliminó también cualquier espacio de decisión a los colegios, espacios de decisión y de flexibilidad en la admisión que son necesarias para poder atender situaciones que se dan durante la admisión».

Esta situación, de acuerdo con la autoridad, también ha provocado una «sobrecarga administrativa sobre los directores escolares» mediante la proliferación de protocolos que «suplen su criterio pedagógico y de gestión».

Ley de Escuelas Protegidas y agenda legislativa

Respecto al proyecto de ley de Escuelas Protegidas y el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), que acogió parte de un requerimiento de la oposición, la ministra manifestó que el gobierno se encuentra a la espera de los argumentos detallados:

«No están los fundamentos… y salió el comunicado que efectivamente el TC acogió algunas de las disposiciones, o sea de parte del requerimiento… Nosotros estamos esperando obviamente, conocimos el comunicado solamente, tenemos que tener el fundamento».

A pesar de este escenario, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la agenda de seguridad en los entornos escolares. «Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es avanzar en la protección, en la seguridad de las escuelas, en poder entregar herramientas a los colegios», enfatizó, concluyendo que la legislación mantiene otros avances significativos que no fueron objeto de impugnación ante el tribunal.