La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó hoy, en su tercer trámite legislativo, el Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, despachándolo así para su promulgación presidencial. Esta iniciativa, que ingresó al Congreso en enero de 2024, representa una reforma estructural trascendental que busca modernizar el Estado, reducir la burocracia y acelerar la inversión en el país.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo como parte del fast track legislativo para el crecimiento económico, tiene como objetivo principal optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales. Esto se logrará mediante la simplificación y modernización de los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios, ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, celebró la aprobación, destacando su relevancia para el fomento de la inversión. «Estamos muy contentos porque es un avance muy importante para el país. Después de más de un año de tramitación, hemos logrado aprobar este proyecto con un apoyo transversal. Siempre dijimos que era posible mejorar los tiempos y avanzar de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios, y eso es lo que justamente se ha logrado hoy día», afirmó Grau. El ministro añadió que la ley permitirá a los servicios públicos concentrar sus esfuerzos en autorizaciones de mayor riesgo, agilizando así la respuesta general.

Soluciones fundamentales y puesta en marcha

La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) introduce un enfoque transversal para reducir los tiempos de tramitación, establecer normas comunes, e introducir proporcionalidad en la regulación. Entre sus principales soluciones se encuentran:

• Normas mínimas de tramitación: Establece reglas comunes para todos los permisos, incluyendo formularios estandarizados, exámenes de admisibilidad, plazos máximos obligatorios y el uso del silencio administrativo positivo como garantía.
• Técnicas Habilitantes Alternativas (THA): Permite reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sujetas a fiscalización ex post y con fuertes sanciones en caso de fraude, beneficiando especialmente a las MiPymes.
• Ventanilla Única Digital – Plataforma SUPER: Transforma en política de Estado la plataforma SUPER, que será la entrada única y trazable para todas las solicitudes, con seguimiento en línea y notificaciones.
• Institucionalidad técnica: Crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear y asesorar el sistema.
• Modificaciones legales sectoriales: El proyecto modifica más de 40 leyes sectoriales, abarcando minería, obras públicas, salud, aguas, energía, concesiones marítimas y Dirección de Obras Municipales (DOM).
• Tramitación paralela: Se permitirá realizar la tramitación de distintos permisos de forma paralela, eliminando «cuellos de botella» innecesarios.

El proceso de implementación de la ley se realizará por etapas. Algunas medidas entrarán en vigencia el mismo día de su promulgación en el Diario Oficial, como las nuevas disposiciones generales y las declaraciones juradas para permisos sanitarios de bajo riesgo para pymes. Otras se activarán al mes de la promulgación, como la supresión del informe sanitario para establecimientos comerciales. La plataforma SUPER, por su parte, estará operativa un mes después de la publicación de su reglamento, con un plazo máximo de nueve meses. La nueva institucionalidad encargada del sistema debería estar plenamente operativa en un año, es decir, para julio de 2026.

Impacto económico y reacciones del empresariado

Según estimaciones del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, se prevé que la ley contribuya con un aumento del PIB del 2,4% en 10 años, lo que equivale a +0,24 puntos porcentuales por año.

La aprobación ha sido bien recibida por el sector empresarial. Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), calificó la noticia como «muy buena para Chile», destacando que permitirá acortar los plazos de tramitación de proyectos, acelerar su materialización y, con ello, generar empleo y crecimiento.

Por su parte, Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, señaló que la ley representa un «avance sustantivo hacia un sistema de permisos sectoriales más ordenado, predecible y coherente con los desafíos de inversión sostenible en Chile». Si bien reconoció que aún hay tareas pendientes, como la mejora de permisos ambientales o los relacionados con el Consejo de Monumentos Nacionales, que quedaron fuera del alcance de este proyecto, consideró la aprobación «muy positiva».

Desde la Cámara Chilena de la Construcción, su presidente, Alfredo Echavarría, celebró la aprobación como «un punto de partida relevante para iniciar un camino que avance en solucionar el grave problema de permisología que está frenando la inversión y el crecimiento de nuestra economía». No obstante, lamentó la exclusión de la institucionalidad medioambiental y del Consejo de Monumentos Nacionales, que son las áreas que actualmente causan mayores demoras en la tramitación de proyectos.

Sectores medioambientalistas levantas las alarmas

La directora de Políticas Públicas en Fundación Ecosur, en entrevista con Radio Universidad de Chile, defiende que la iniciativa sí tendrá un impacto en materia medioambiental.

Actores medioambientales señalaron que el contenido del proyecto relaja el sistema y puede significar daños ecológicos. Pamela Poo, directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, dijo que “ocurre que es un proyecto de ley que regula lo que está fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, hay muchas iniciativas de inversión que no ingresan a estudio ni a declaración de impacto y, por lo tanto, se le entregan permisos sectoriales para poder autorizarlos”.

“Nadie está en contra de que se modernice el tema de la entrega a los permisos sectoriales. Efectivamente hay retrasos, pero el problema es que en la tramitación de la ley se empezaron a relajar en torno a qué proyectos reciben estos permisos sectoriales. Quedaron muy abiertos los artículos 9 y el 10, en los cuales cualquier actividad económica, que no entre al estudio de impacto ambiental, puede pedir acogerse a las técnicas habilitantes que son la declaración jurada y el aviso”, añadió.

En esa línea, sostuvo que son dichas declaraciones juradas donde “tú prometes que vas a cumplir lo que ese permiso te exigía en algún momento y, al hacerlo por declaración jurada, tú das vuelta la carga de la prueba. No hay una fiscalización de la entidad de la administración pública para velar que eso esté como la persona o, en este caso, la empresa, lo plantee”.

“Además, se agrega el tema del silencio positivo cuando haya que solicitar un permiso para ciertas actividades y, por ejemplo, si el funcionario no cumple el plazo en que debiera entregarlo, lo que ocurre es que se da por aprobado. Entonces, sí, aquí hay un problema de supervisión del Estado para ciertas actividades. Hay alrededor de 50 permisos sectoriales que sí tienen que ver con temas ambientales y es ahí donde se levantan las voces críticas sobre el tema, dado que la ley quedó demasiado amplia y generaría un problema también para la salud de las personas”, relevó.

– Desde el Gobierno han defendido que este proyecto regula solo los permisos sectoriales y que no se mete en la parte ambiental.

Hay permisos que tienen aspectos ambientales, por ejemplo, si tú autorizas el funcionamiento de una mini hidroeléctrica de 3 megas con una declaración jurada. O sea, uno podría decir “sí, pero es una hidroeléctrica de pasada”. Pero la hidroeléctrica de pasada de Los Maquis, que era de 1 mega, tiene un tremendo problema en Coyhaique porque no respetó un montón de cosas que le exigían los permisos que se le entregaron. Acá hay un tema porque incluso ahora, teniendo toda una legislación que regula esto, no cumplen. Imagínate lo que va a ser.

– ¿Cómo se podría contrastar la decisión del Gobierno de, por ejemplo, cerrar la “Fundición Ventanas”, con la lógica que se aprobó dentro de este proyecto?

Otro ejemplo es el tema de los tranques de agua. Hoy en día, se evalúan de 50 mil m³ hacia arriba, y lo que está ocurriendo con este proyecto es que hay tranques que no se van a evaluar dentro del marco del SEIA y a los que probablemente se les entregue un permiso sectorial. Eso, si lo multiplicas, podrías decir, “mira, los agricultores requieren del tranque de agua”. Pero considerándolos a todos, ¿Cómo evalúas la carga sinérgica en el espacio? Además, hay otro proyecto de ley que sube el umbral a 250 mil metros cúbicos de agua. ¿Cuál es la seguridad de que ese muro lo soporte?

Hay un tema que es complejo. Lamentablemente, el ministro Grau tiene un discurso del cual no se ha movido, cuando, además, llegó a acuerdos amplios con la oposición. Este proyecto fue sacado adelante mayoritariamente con este sector y fueron ellos los que celebraban el día martes cuando se zanjó, y ni siquiera ocurre la comisión mixta.

– Porque desde el Frente Amplio, el Partido Comunista y el socialismo democrático habían puesto alertas…

Las alertas fueron puestas en principio por el Partido Socialista en el primer trámite del proyecto. Las diputadas Bravo y Manouchehri hicieron muchas indicaciones para poder subsanar estos temas. Nadie está en contra de ver temas de permisos ni de disminuir la burocracia para cosas que caen de cajón con las pymes, pero cuando esto deriva en ampliar hacia la industria, empieza a tomar otro color.

– ¿Qué tipo de industrias se podrían ver favorecidas?

Yo diría que acá son proyectos más medianos pero, por ejemplo, los relaves o los data center. Hoy, a estos últimos los dejaron excluidos de la evaluación de impacto ambiental, siendo que son energointensivos y también usan una cantidad de agua importante. Esto obviamente va a ser regulado por permisos sectoriales. Ahí vamos a tener una colisión de derechos.

Por otro lado, este proyecto modifica leyes que tienen que ver con temas medioambientales, el código de agua, el servicio de biodiversidad, el tema del bosque nativo. No es que no afecte temas medioambientales. Esto no está hecho solo para las pymes. Sí van a entrar los grandes proyectos.

– ¿Ves inconsecuencia en la política que el gobierno ha seguido en este tipo de materia?

Efectivamente, el Gobierno partió con un discurso ecológico que fue muriendo el primer año. Abandonó los temas ambientales porque incluso la misma reforma, la 19.300, tiene estos problemas, y probablemente no avance mucho más. Y, por otro lado, lo que no nos esperábamos es que fuera hacia el otro lado, en esta cosa del “todo vale para las empresas y las inversiones”. Diría que es la parte más triste respecto a cómo conversa el tema del desarrollo y el crecimiento económico con los temas medioambientales, y el giro fue en 180°.