La Sesión de Concejo Municipal del pasado jueves 9 de octubre fue escenario de la lectura de un dictamen de Contraloría que apunta al Concejal Enrique Soto Díaz por presunto uso indebido de licencias médicas. Aunque la situación habría sido expuesta públicamente a través de una denuncia presentada el 18 de agosto de 2025 por el Alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, ante la Fiscalía de Castro.

 

En dicha denuncia, el Alcalde Elgueta acusa la presunta comisión de delitos como falsificación o uso malicioso de instrumento privado, fraude al fisco y obtención fraudulenta de prestación improcedente. Estas acusaciones se relacionarían con un informe «Consolidado de información Circularizada N°9, de 2025», que habría revelado movimientos migratorios de funcionarios municipales y miembros del concejo durante 2024 y 2025 mientras estaban con licencia médica. Específicamente, se menciona a Enrique Soto Díaz, quien viajó al extranjero mientras debió guardar reposo en su domicilio.

 

Como hechos objetivos, se señala que el Concejal Soto Díaz se ausentó de sesiones ordinarias del Concejo Municipal en diciembre de 2024, justificando su inasistencia con un certificado médico. El informe subraya que esto podría constituir una falsificación de instrumento privado y un fraude, afectando la probidad administrativa, aunque esto aún no ha sido determinado por la justicia.

 

Paralelamente, el 10 de septiembre de 2025, la Contraloría Regional de Los Lagos emitió un dictamen en respuesta a una denuncia anónima recibida en julio de 2025 sobre el mismo hecho. El documento de Contraloría confirma la recepción de la denuncia anónima que indicaba que el Concejal Soto Díaz se ausentó de tres sesiones del concejo en diciembre de 2024 y que, para justificar su inasistencia y percibir su remuneración, habría presentado un certificado médico mientras participaba en un campeonato de fútbol 7 en Brasil.

 

Contraloría señala que “si bien resultan aplicables a los concejales las normas que consagran el principio de probidad administrativa, establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley Ogánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado” indica que la denuncia debe realizarse por los concejales o el alcalde al Tribunal Electoral Regional (TER) correspondiente, declarándose incompetente para determinar la eventual contravención al principio de probidad.

 

En la sesión del Concejo Municipal del 9 de octubre, tras la lectura de la respuesta de Contraloría, el Concejal Enrique Soto Díaz tomó la palabra para defenderse y expresar su «profunda molestia» por la exposición pública de su nombre.

«Lo primero que dice el informe del dictamen de Contraloría es que es incompetente en el fondo para conocer del tema en cuestión», comenzó Soto Díaz, haciendo hincapié en la limitación del alcance del dictamen.

 

Acto seguido, con notable indignación, manifestó: «Me gustaría que, así como se lee ese documento completo, se lea tal vez toda la correspondencia que llega de todos los temas que llegan a este concejo municipal con nombre y apellido. Se enunció en la referencia acá el concejal que indica, sin embargo, el secretario municipal hace alusión del nombre del concejal que indica sin que ninguno acá de los miembros presentes lo haya leído».

 

El concejal criticó duramente la forma en que se manejó la situación, argumentando que la mención explícita de su nombre, sin que los demás concejales hubieran leído previamente el documento en su totalidad, habría generado una «imagen de culpabilidad» ante la opinión pública. «Culpabilidad que lo quiero dejar súper claro, no es cierta. No es cierta. Y si es necesario que el TER los determine, esa es una atribución que pueden tener ustedes colegas también, pero quiero señalar que ahí no se acusa culpabilidad, pero sí al leer esta carta con nombre y apellido sí se da una falsa imagen de culpabilidad», enfatizó.

 

Soto Díaz también cuestionó la selectividad en la difusión de nombres en investigaciones internas, señalando que en su caso se ha roto la reserva que, a su juicio, debería aplicarse: «Soy la única persona dentro de esta municipalidad que se ha tratado por el caso de licencias médicas con nombre y apellido, sabiendo que hay en curso investigaciones bajo investigación sumaria de otros funcionarios también, de los cuales nunca hemos mencionado siquiera el nombre y el apellido». Concluyó su intervención recordando el principio de presunción de inocencia. «Presunción que me ha quitado hoy día para los ojos de la vista pública a través de la lectura de este informe, en los términos que se dio», afirmó.

 

La situación actual deja la determinación de responsabilidades en manos del Tribunal Electoral Regional y de la Fiscalía. Mientras tanto, el Concejal Soto Díaz insiste en su inocencia y reprocha la forma en que se han gestionado públicamente las acusaciones, sin que exista aún un veredicto judicial.