La constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), actualmente en proceso de liquidación, presentó una demanda contra el Fisco de Chile reclamando una indemnización por $11.567 millones, según informó el diario La Tercera. La acción legal fue interpuesta el pasado 15 de marzo de 2025 ante el 7º Juzgado Civil de Santiago y se hizo pública recientemente tras la notificación al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

 

De acuerdo a la publicación de La Tercera, CVV acusa al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Dirección de Vialidad de «graves, continuos y sistemáticos incumplimientos contractuales» en el marco del contrato para la construcción del By Pass Castro, en la Ruta 5, entre Castro y Chonchi, provincia de Chiloé.

 

El principal argumento de la constructora, representada por la liquidadora Loreto Ried desde su quiebra en octubre de 2022, es que el MOP entregó los terrenos para la obra en condiciones distintas a las pactadas, específicamente en lo relativo a hallazgos arqueológicos no liberados. La demanda sostiene que esta situación impidió el desarrollo normal de los trabajos programados, generando paralizaciones y sobrecostos que no fueron compensados por el Estado.

 

Según cita La Tercera, CVV afirma que «la realidad del terreno entregado demostró ser diametralmente distinta a lo comprometido», recalcando que la empresa no pudo ejecutar las obras según el plan original pese a tener los recursos disponibles. La constructora señala que esta problemática de los sitios arqueológicos ya era conocida por el MOP, dado que había sido motivo para el término anticipado de un contrato previo con la empresa Besalco por razones similares en el mismo proyecto.

 

Como prueba del incumplimiento, CVV destaca que el MOP recién adjudicó trabajos de rescate arqueológico en los tramos en cuestión en abril de 2023, casi dos años después de la fecha comprometida para entregar los terrenos libres de interferencias.

 

La Tercera también detalla que la demanda incluye otros reclamos financieros. CVV alega que el MOP no solo adeuda más de $2.105 millones correspondientes a un estado de pago, sino que además aplicó multas por sobre $29 millones de forma extemporánea, impidiendo el derecho a defensa de la constructora.

 

Adicionalmente, CVV reclama que el MOP no aplicó el reajuste extraordinario por sobrecostos derivados de la pandemia de COVID-19 y la inflación (contemplado en el Decreto Supremo MOP N° 177 de 2022), argumentando que el contrato ya había terminado anticipadamente. Sin embargo, la constructora refuta que dicha terminación fue consecuencia de la propia «negligencia» estatal.

 

En su escrito, expuesto por La Tercera, CVV acusa al MOP de endosar las consecuencias de un «proyecto mal planificado» a los contratistas, describiéndose a sí misma como «un eslabón más en la constante cadena de experimentos e improvisaciones del MOP/Fisco de Chile respecto del Proyecto By-Pass Castro».

 

La demanda ahora sigue su curso judicial, donde el Fisco, a través del CDE, deberá responder a las graves acusaciones presentadas por la extinta constructora.