NACIONAL.— En un momento de máxima tensión política, la discusión de la Ley Miscelánea —considerada el corazón del plan económico del Gobierno de José Antonio Kast— enfrenta un panorama aún más complejo en el Senado tras revelarse cuestionamientos que apuntan directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Según una investigación de El Mostrador, el secretario de Estado omitió declarar en su Declaración de Intereses y Patrimonio que su hermano, Víctor Quiroz, es socio principal de Quiroz y Puelma Arquitectos, una de las firmas arquitectónicas más grandes de Viña del Mar y que está estrechamente ligada al rubro inmobiliario y a proyectos vinculados al Estado.

Esta omisión golpea el debate sobre probidad y fe pública justo cuando el Ejecutivo impulsa con urgencia una serie de medidas sectoriales proconstrucción dentro de la Ley Miscelánea, tales como la exención transitoria del IVA para viviendas nuevas, incentivos tributarios a la inversión inmobiliaria y la flexibilización de permisos para acelerar proyectos.

El vínculo inmobiliario y el silencio de Hacienda

La oficina Quiroz y Puelma Arquitectos cuenta con un amplio historial de proyectos corporativos, residenciales y comerciales con grandes constructoras. Entre sus diseños destaca el polémico edificio Kandinsky, estructura que quedó en el centro del debate público tras el socavón ocurrido en el sector de Cochoa, en Viña del Mar. Además, la firma figura en la red de proveedores del Estado y ha participado en concursos de organismos públicos.

Pese a este escenario, el ministro de Hacienda dejó completamente en blanco el apartado de su declaración denominado “Otras potenciales fuentes de conflicto de intereses”, una sección diseñada legalmente para transparentar zonas grises que, aunque no constituyan una ilegalidad, imponen dudas sobre la imparcialidad de la autoridad.

Consultados por este medio, desde el Ministerio de Hacienda optaron por no responder, mientras que el propio ministro Quiroz ha preferido guardar silencio.

«Destruye la legitimidad de una política pública»

Las reacciones desde la sociedad civil no se hicieron esperar. Juan José Lyon, director ejecutivo de la Fundación América Transparente, calificó la situación como «absolutamente crítica» debido al contexto legislativo.

“La probidad no se trata solo de evitar que el Estado firme un cheque a nombre del familiar de un ministro, sino de transparentar cuando las políticas macroeconómicas benefician a su entorno directo”, afirmó Lyon.

El especialista subrayó que el conflicto de intereses no requiere de un delito consumado, sino que basta con la mera apariencia de un beneficio propio para mermar la confianza pública. Asimismo, criticó el uso que el jefe de la billetera fiscal dio al documento oficial: «Demuestra que está utilizando la Declaración de Intereses como un mero trámite administrativo, usando el mínimo legal como escudo para no transparentar la realidad».

Un escenario cuesta arriba en el Senado

Esta polémica sorprende al oficialismo en una posición de alta fragilidad en la Cámara Alta. Los votos para la Ley Miscelánea no están asegurados y la Democracia Cristiana (DC) ya anunció que rechazará la iniciativa.

Con varios artículos clave en riesgo de caerse o sufrir modificaciones profundas en la discusión en particular, el cuestionamiento ético al ministro Quiroz amenaza con convertirse en el argumento definitivo para la oposición, trabando un proyecto que el Gobierno ha defendido como un salvavidas urgente para reactivar el empleo y la economía.