El secretario general de la Corporación Municipal de Castro, Daniel Navarro Jara, explicó que si bien la labor educativa de impartir clases finalizó con el traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) el 31 de diciembre, el proceso administrativo de cierre de la educación municipalizada llevará varios años, con responsabilidad para las municipalidades hasta el año 2027.

 

El cierre involucra un arduo trabajo de rendición de cuentas y revisión de deudas desde 2008, lo que podría significar la devolución de fondos al Ministerio de Educación. Navarro señaló que en Chiloé, alcaldes y corporaciones enfrentan dificultades para cumplir con estas exigencias debido a la falta de funcionarios, ya que la mayoría fueron trasladados al SLEP.

 

El traspaso, que en otras zonas del país se realizó en un periodo de dos años, en Chiloé se efectuó en poco más de un mes, lo que ha generado un impacto financiero significativo. Por ello, se ha solicitado al Ministerio de Educación y a la Superintendencia una ampliación de plazos para cumplir con las rendiciones y regularizaciones pendientes.

 

Navarro también informó que desarrollaran las dos auditorías aprobadas por el Concejo Municipal , una a la Municipalidad y otra de la Corporación, que se esperan publicar en el portal Mercado Público este mes.

 

Además, destacó que la Contraloría ha exigido que las corporaciones municipales adopten un sistema de contabilidad pública, a pesar de su carácter privado, lo que implica un reordenamiento administrativo que minimice riesgos y evite futuras irregularidades.

 

El secretario general de la corporación alertó sobre diversos problemas administrativos y fiscales en curso, incluyendo el no pago de impuestos el año pasado, lo que podría afectar a quienes emitieron boletas durante ese período. Asimismo, mencionó fiscalizaciones de la Tesorería y la Superintendencia de Educación, lo que ha requerido la revisión de más de 2.340 contratos.

 

En este contexto, se están tomando medidas de ajuste y reducción de gastos, eliminando servicios innecesarios y renegociando contratos con proveedores como Saesa y Telefónica (internet). «La idea es tener lo que se necesita y vivir con lo que se tiene», afirmó Navarro, subrayando la necesidad de una gestión financiera más eficiente para enfrentar este desafiante proceso de cierre.