«Si el Gobierno veta este proyecto, se estarían convirtiendo en cómplices», afirma el parlamentario

 

En un paso decisivo para enfrentar el fenómeno de las ocupaciones ilegales en Chile, la Cámara de Diputados ha dado luz verde a la «Ley de Usurpaciones». Este nuevo marco legal transforma la toma ilegal de propiedades y terrenos en un delito, y no simplemente en una falta como se considera en la legislación vigente. Entre los defensores más destacados de la medida se encuentra el diputado por el Distrito 26, Fernando Bórquez (Ind.-UDI), quien ha subrayado dos elementos clave de la ley: la «flagrancia permanente» y la «legítima defensa privilegiada» para los propietarios.

 

 

Según Bórquez, la «flagrancia permanente» permitirá que las fuerzas de seguridad puedan intervenir en cualquier momento para restaurar la propiedad a su dueño legítimo, entendiendo que el delito está siendo cometido durante todo el tiempo que se mantenga la toma ilegal. Además, la «legítima defensa privilegiada» brindará protección a los propietarios en situaciones de violencia o intimidación por parte de los usurpadores.

 

«Esta ley es una herramienta más efectiva contra las constantes y violentas usurpaciones, especialmente en la Macrozona Sur. Estamos cansados de la inacción de las autoridades mientras las usurpaciones ocurren todos los días», enfatizó el diputado.

 

 

No obstante, Bórquez se mostró muy crítico frente a las señales del Gobierno sobre la posibilidad de vetar la ley o recurrir al Tribunal Constitucional para impugnarla.

 

«Si las autoridades insisten en oponerse a esta ley, se estarían convirtiendo en cómplices de los grupos terroristas», advirtió.

 

Para el parlamentario, el Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos de todo tipo de violencia e intimidación, incluidas las usurpaciones. «Sería totalmente inaceptable que el Gobierno se niegue a proteger a los ciudadanos de bien. En toda la nación, hay personas que no pueden recuperar sus propiedades debido a tomas ilegales. Las autoridades deben recapacitar y proteger a los chilenos, no a los criminales», concluyó Bórquez.

 

El proyecto de ley ahora se dirige al Senado para un tercer y último trámite legislativo. Los ojos de la nación están puestos en cómo actuará el Gobierno frente a esta iniciativa que busca cambiar la realidad de miles de chilenos afectados por usurpaciones.