Columna de opinión — Francisco Reyes Oyarzo, director de Chiloé News

Hay un momento de la entrevista que Mara Sedini dio este martes en Sin Filtros que resume, sin quererlo, todo lo que hay que discutir. La exvocera de Gobierno explicó que mientras fue ministra decidió callar las presiones que —según ella— recibió desde su propio sector para nombrar operadores en cargos públicos. ¿La razón que dio? Lealtad al Presidente. Callar entonces habría evitado exhibir un conflicto entre un partido oficialista y La Moneda.

Es decir: la propia exministra reconoce que existe un deber de lealtad y que ese deber tiene consecuencias prácticas, incluso incómodas. Lo que no explica es por qué ese deber habría caducado el día en que dejó de firmar oficios.

A dos meses de su salida del gabinete —en el primer cambio ministerial del Presidente José Antonio Kast—, Sedini volvió al programa donde fue panelista antes de llegar al Ejecutivo y entregó una versión durísima de su paso por La Moneda. Habló de mentiras instaladas, de un ensañamiento en su contra y de virales editados, incluso con inteligencia artificial, para descontextualizar sus vocerías.

Relató que «una de las tres personas más poderosas del Gobierno» le pidió cambiar su estilo con una frase que ya se instaló en el debate público: este es «el gobierno de los fomes». Y que cuando ella respondió que ese no era su carácter, recibió una indicación breve: «Eres actriz, actúa». Se negó, pese a la insistencia del entrevistador, a decir de quién se trataba.

Acusó además presiones de dirigentes de un partido oficialista que le habrían pedido cargos y que, al no ser complacidos, la habrían amenazado con destruirla en los medios. Sostuvo que hubo sabotaje interno para sacarla y que, al forzarse un cambio de gabinete, la sacrificaron a ella. Cuestionó el funcionamiento del segundo piso presidencial y la existencia de estructuras paralelas que restarían autonomía a los ministros. Su autocrítica fue una sola: no haber sido auténtica, haberse dejado —en sus palabras— «amarrar y presionar» por gente de adentro.

La reacción del oficialismo fue tibia y elocuente a la vez. Desde el Gobierno bajaron el perfil. Un jefe de bancada recordó que la política tiene conversaciones internas con códigos que se resguardan. Una diputada republicana fue más frontal: sostuvo que las situaciones de Estado merecen «silencio y lealtad eterna».

Aquí no me interesa el color político. Me interesa el principio, y lo digo con la misma vara para todos los sectores.

Un cargo de confianza no es un empleo. Es una porción de poder prestada por un proyecto colectivo, construido por mucha gente que puso tiempo, plata, apellido y credibilidad. Cuando alguien acepta una cartera, una delegación presidencial provincial, una dirección municipal o una jefatura de servicio, no firma solo un contrato: asume una custodia. La de los acuerdos internos, la de las conversaciones difíciles, la de los errores que se corrigieron a puerta cerrada, la de la información que llegó a sus manos precisamente porque estaba sentado en esa silla.

Esa custodia no vence con el decreto de cese. Es exactamente lo que planteó en su momento el exministro Luis Cordero, de la administración anterior, cuando señaló que hay cosas que se llevará a la tumba por el carácter de su responsabilidad ministerial: una obligación que sobrevive al cargo, porque nunca fue del funcionario, sino de la función. (Nota interna: verificar la cita textual y su fecha antes de publicar.)

Y aquí viene lo que llevo años criticando desde este medio, mucho antes de que esta entrevista existiera. Lo he visto en gobiernos de un signo y del otro, en municipios de Chiloé y en delegaciones provinciales: personas contratadas al alero de un proyecto que, cuando se les pide dar un paso al costado por razones políticas o administrativas, salen picadas a vociferar. Y lo notable es el tono. De un día para otro hablan igual que la oposición a la que combatieron. Se transforman en fiscales de la casa que los albergó, con el archivo completo en la mano y la comodidad de elegir qué parte del archivo se abre.

Ese giro casi nunca es un acto de transparencia. Es un acto de administración de daños propios. Se ventila lo que conviene, se calla lo que incrimina y se posterga para otra entrevista lo que todavía sirve de moneda de cambio. Sedini fue elocuente en eso: denunció presiones gravísimas —pedir cargos a cambio de paz mediática es, si se acredita, un asunto que excede largamente lo comunicacional— pero no dio un solo nombre. La denuncia sin nombres no repara nada: solo instala sospecha sobre todos y responsabilidad sobre nadie.

Que quede claro: no estoy pidiendo silencio cómplice. Si una exautoridad tiene conocimiento de un delito, de una presión indebida o del uso irregular de recursos públicos, su deber no es hablar en un programa de streaming: es denunciar ante la Contraloría o el Ministerio Público, con antecedentes, con nombres y asumiendo el costo. Eso no es deslealtad, es probidad, y es exactamente lo contrario de lo que ocurre cuando la denuncia se administra como contenido.

La deslealtad es otra cosa. Es usar el prestigio y el archivo que te entregó un proyecto colectivo para reconstruir tu marca personal a costa de ese proyecto. Es convertir en insumo de reposicionamiento las conversaciones que existieron porque alguien confió en tu discreción. Es aparecer como víctima única de una historia en la que había cientos de personas trabajando, muchas de ellas anónimas, muchas todavía adentro, todas ahora un poco más expuestas.

Los cargos pasan. Las administraciones cambian; en Chiloé lo vemos con una nitidez casi didáctica cada vez que se renuevan los municipios y las delegaciones. Lo que queda de una persona que pasó por el servicio público no es el organigrama en el que aparecía, sino si fue capaz de cerrar la puerta con el mismo cuidado con que se la abrieron.

El proyecto colectivo no le debe una carrera a nadie. Pero quien fue parte de él sí le debe, por lo menos, no venderlo por capítulos.