Una contundente derrota judicial ha sufrido la Corporación Municipal de Castro tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de un fallo que declara injustificados los despidos de un grupo de trabajadores ocurridos durante la administración del ex alcalde Juan Vera Sanhueza. La decisión del máximo tribunal del país confirma las sentencias previas de la Corte de Apelaciones y el juzgado laboral local.

 

Según el abogado Julio Alvarez Pinto, representante de los trabajadores, la administración anterior liderada por el alcalde Vera inició su gestión despidiendo a cerca de 60 trabajadores, lo que ya significó un costo superior a los 1000 millones de pesos para la municipalidad. Este nuevo fallo se suma a las consecuencias de otra ola de despidos al final de su periodo.

 

En relación a la confirmación del fallo, el jurista de Alvarez Pinto y Asociados expresó una «gran satisfacción por el fallo dictado por la Corte Suprema que confirma a su vez un fallo dictado por la Corte Apelaciones y que confirma parcialmente el fallo dictado por el juzgado laboral de Castro. En lo fundamental implica la declaración de un despido totalmente injustificado por parte de la corporación municipal de Castro».

 

El proceso legal se inició tras los despidos ocurridos en noviembre de 2022, cuando los trabajadores afectados presentaron acciones legales reclamando la injusticia de su desvinculación. A pesar de ello, la corporación municipal optó por defenderse en tribunales e incluso recurrir a la Corte Suprema, una estrategia que finalmente no dio resultados. Sobre este punto, Alvarez señaló: «¿Qué hizo la corporación? Lo mismo, defenderse ante los tribunales, defenderse ante la Corte de Apelaciones, recurrir incluso hasta la Corte Suprema. sabiendo que el despido había sido injustificado».

 

La resolución judicial implica que la Corporación Municipal de Castro deberá desembolsar una suma cercana a los 150 millones de pesos como compensación por la actuación indebida de la administración anterior. Esta cifra ha sido resaltada por su origen en «recursos públicos, recursos municipales, recursos que son son financiados por todos nosotros y a pesar de eso no se tuvo consideración al momento de despedirlo, sabiendo que efectivamente podían significar un detrimento importante para los fondos públicos municipales de la corporación».

 

Finalmente, el abogado destacó las lecciones que deja este caso tanto para los trabajadores como para las autoridades políticas. Por un lado, subraya la importancia de que «los trabajadores deben ser respetados en sus derechos, deben exigir ante los tribunales de justicia el respeto de sus derechos». Por otro lado, enfatiza que «las autoridades políticas tienen que saber que corresponde a ellos el cuidado de los recursos fiscales» señaló.