Un caso que ha conmocionado a la comunidad local está en el centro de una demanda judicial presentada por la familia de Sebastián Cárcamo Paredes, un joven de 18 años con parálisis cerebral que falleció en circunstancias que aún no han sido aclaradas por el establecimiento donde estudiaba, el Centro Educacional Crecer.

El abogado patrocinante, Ignacio Álvarez Vera, señaló la complejidad del caso al enfrentar a una institución educativa en un proceso judicial. “Esta es una demanda poco común, es realmente complicado ganarles a grandes instituciones, a empresas, a establecimientos educacionales”, indicó Álvarez. El jurista explicó que, a su juicio, el contrato de prestación de servicios educacionales ha sido gravemente incumplido. “Esto no puede ocurrir como un simple hecho dentro de un colegio, era algo totalmente evitable, nosotros lo estimamos así y vamos a perseguir las responsabilidades de todos los involucrados”.

La madre de Sebastián, Marcela Paredes, visiblemente afectada, expresó su dolor por la pérdida de su hijo, y la falta de respuestas claras por parte del colegio. “No tengo una respuesta real de lo que pasó ese día. Me dijeron que se atoró con dos cucharadas de pan, pero yo sé que no fue así”, afirmó. Marcela describió la tragedia como un golpe devastador para su familia. “Me quitaron la vida, mi felicidad, mi hijo era todo. El colegio sabe que di todo por él y ahora me dan la espalda”.

En su libelo Marcela afirma que el atragantamiento se debió a que no se utilizó una cuchara entregada por la Teletón y que la obstrucción fue “con pan duro, no mojado”, que cubría completamente la tráquea, lo que no es compatible con lo que preliminarmente fue informado por el colegio.

Julio Álvarez, otro de los abogados involucrados en la defensa, precisó que el joven fallecido padecía parálisis cerebral y que la institución donde estudiaba, ubicada en el sector de Punahuel en Dalcahue, es propiedad de la Sociedad Sostenedora Río Claro. Álvarez señaló que el establecimiento especializado para estudiantes con discapacidad no cumplió con sus principales obligaciones de cuidado, seguridad y vigilancia.

“Creemos que ninguna de estas obligaciones fue efectivamente cumplida. Además del contrato, este caso está regulado por la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, afirmó el abogado, enfatizando que esperan que la institución asuma su responsabilidad.