Con una ralentización de sus servicios, pero sin suspender las atenciones críticas, los funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) de la Región de Los Lagos, incluyendo la sede de Castro, se han sumado a una movilización nacional para exigir mejoras laborales y salariales que, afirman, llevan más de una década postergadas.

Rodrigo Oyarzo, dirigente regional del SML y funcionario de la sede de Castro, informó que la movilización responde a tres puntos esenciales a nivel nacional.

“Básicamente tenemos tres puntos esenciales a nivel nacional, que es una asignación universal, ya que por más de 10 años no se nos han subido los grados, lo que obviamente se traduce en un no alza de nuestro sueldo”, señaló el dirigente.

 

Otro punto clave es el descanso reparatorio por la labor desempeñada durante la pandemia. “Nosotros fuimos uno de los servicios críticos que trabajó en pandemia, sin descanso”, explicó Oyarzo, añadiendo que aunque estas demandas fueron acogidas por el Ministerio de Justicia, hasta la fecha no se han concretado a pesar de «innumerables reuniones».

 

El tercer pilar de la movilización es la creación de una mesa de “trabajo decente” de carácter tripartito, que incluiría a la Asociación de Funcionarios, la Dirección Nacional del SML y el Ministerio, con la garantía del presidente de la ANEF, José Pérez Debelli. Esta instancia buscaría abordar de manera integral el alza de grados y la mejora de las condiciones para los estamentos profesionales y técnicos.

 

 

A las demandas nacionales se suman problemáticas locales que afectan directamente a la comunidad de Chiloé. Oyarzo destacó la larga lucha por conseguir un terreno para una sede propia en Castro, que permita unificar los servicios. “En este momento nos encontramos con lo que es tanatología en dependencia del hospital y todo lo que es administrativo, salud mental y constatación de lesiones en una sede del centro que es una casa arrendada”, detalló. Si bien hubo una buena acogida de la administración municipal actual, la burocracia ha estancado el proceso.

 

Una de las situaciones más críticas es la falta de un psicólogo en la sede desde la pandemia, lo que impide realizar peritajes cruciales solicitados por la Fiscalía y los tribunales. “El problema para la comunidad se traduce en que, por ejemplo, personas de Quellón que se envían a este tipo de peritajes tienen que acudir hasta la sede de Puerto Montt y muchas veces el costo lo tienen que asumir ellos”, lamentó el dirigente.

 

 

La movilización se traduce en una “ralentización de los servicios”. Oyarzo fue enfático en tranquilizar a la comunidad: «Todo lo que es levantamiento de fallecidos y autopsias, que la comunidad se quede tranquila porque sí se van a realizar». Sin embargo, otros procesos, como la entrega de cuerpos y la asignación de horas para peritajes, sufrirán demoras.

 

Actualmente, 29 de los 38 funcionarios de la asociación en la región están adheridos a la movilización en las sedes de Osorno, Puerto Montt, Ancud y Castro. A nivel nacional, se estima que un 80% de los 700 asociados participan en el paro.

 

El futuro de la movilización depende de una reunión clave programada para hoy entre la Asociación Nacional de Funcionarios y el Ministerio de Justicia. De los resultados de ese encuentro dependerá si el paro se depone o se intensifica. “Nosotros no podemos parar o cerrar el servicio, pero sí ralentizarlo para visibilizar nuestras justas demandas”, concluyó Oyarzo.