El escenario internacional amaneció bajo conmoción este sábado. En una declaración que ha sacudido a la región, Donald Trump confirmó a través de su plataforma Truth Social la ejecución de una operación militar en suelo venezolano que culminó con la captura y extracción del líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores.

 

«Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado por el aire fuera del país junto con su esposa», escribió Trump, adjudicándose el éxito de una maniobra que pone fin a más de una década de mandato de Maduro en el Palacio de Miraflores.

 

 

Pese a la retórica de Trump, que califica el hecho como un «ataque a gran escala», la realidad en el terreno y el análisis de expertos en seguridad sugieren una naturaleza distinta de los hechos.

 

Informes preliminares indican que no se trató de una invasión masiva con despliegue de tropas de ocupación, sino de una operación quirúrgica de alta precisión. Fuentes desde Washington, citando conversaciones entre el senador Mike Lee y el Secretario de Estado Marco Rubio, han señalado que «no se anticipan más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia». Esto refuerza la tesis de una misión de extracción (decapitación del liderazgo) y no de una guerra convencional.

 

 

Lo sorpresivo de la operación y la rápida extracción de la pareja presidencial —sin que se reportara una resistencia militar masiva o una guerra civil inmediata en Caracas— ha levantado sospechas entre analistas internacionales.

 

Diversas voces sugieren que la operación podría haber contado con cierto grado de colaboración del propio dictador venezolano. Enfrentado a una presión interna insostenible, fracturas en su círculo de seguridad y la amenaza real sobre su vida, la «captura» podría ser, en realidad, una entrega negociada disfrazada.

 

Bajo esta lectura, Maduro habría optado por enfrentar la justicia estadounidense —donde existen mecanismos de negociación de penas— antes que arriesgarse a un derrocamiento violento por parte de sus propias fuerzas o facciones rivales, evitando así un desenlace fatal similar al de otros líderes autoritarios en el pasado.

Mientras Maduro vuela rumbo a Estados Unidos para enfrentar cargos que incluyen narcoterrorismo (por los cuales existía una recompensa de 15 millones de dólares), Venezuela queda sumida en un vacío de poder. El chavismo ha declarado un «estado de conmoción», pero la falta de un liderazgo claro abre interrogantes sobre la transición.

 

Para Chile y el resto de Sudamérica, la atención se centra ahora en las posibles repercusiones migratorias y la estabilidad de la región ante el repentino cambio de régimen en la potencia petrolera.

 

El Presidente Boric escribió en X: “Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados. La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera.”