Una masiva y sorpresiva ola de embargos de cuentas bancarias está afectando a más de 1.500 deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE). La estricta medida, instruida por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y ejecutada de manera automatizada por la Tesorería General de la República (TGR), generó inmediato revuelo tras multiplicarse las denuncias de usuarios en redes sociales que acusaron la retención total de sus fondos. Desde la TGR argumentaron que la acción cuenta con respaldo de los tribunales de justicia y va dirigida, en su mayor parte, a personas con altos ingresos. El mecanismo opera cruzando datos con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ordenando a las instituciones bancarias la congelación inmediata del dinero.

Cabe precisar que la estrategia de cobro judicial de la TGR ya venía pavimentándose desde el pasado 23 de abril, fecha en la que el organismo fiscalizador anunció formalmente el inicio de los embargos y retenciones de fondos orientados, en una primera etapa, de manera exclusiva a aquellos deudores del CAE que registraran ingresos mensuales superiores a los 5 millones de pesos. Sin embargo, la posterior ampliación de los criterios de cobro automatizado terminó por detonar la actual crisis regulatoria.

El principal foco de conflicto radica en que los bancos y la TGR retienen los saldos completos sin distinguir si corresponden a ahorros o a remuneraciones laborales. Aunque el Artículo 57 del Código del Trabajo establece que los sueldos son inembargables hasta un tope de 56 UF, esta protección legal solo es efectiva cuando el embargo se solicita directamente al empleador. Al depositarse el dinero en una cuenta corriente o vista, el sistema pierde esa trazabilidad, dejando a los afectados desprotegidos. En este escenario, especialistas legales advierten que existen herramientas para revertir la retención total de los fondos mediante la asesoría de un abogado, tales como la presentación de un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones respectiva para demostrar documentalmente el origen laboral de los fondos y exigir el alza de la medida, o bien la contestación formal de la demanda dentro de un plazo de 10 días hábiles.

Un ejemplo de esta masiva ola de retenciones es el caso del conocido comediante e influencer chileno Benjamín «Pollo» Castillo, quien a través de sus redes sociales denunció haber sido víctima de esta drástica medida. El creador de contenidos relató con frustración que la Tesorería General de la República le congeló por completo su cuenta bancaria de manera sorpresiva debido a una deuda del CAE, dejándolo con saldo cero y despojándolo de todos sus ahorros acumulados, una situación que visibilizó el alcance de estas medidas automatizadas incluso sobre figuras públicas de alta exposición.

Frente a las duras críticas de los afectados, el Gobierno salió a respaldar la legalidad de la recaudación y aseguró que los embargos corresponden al cumplimiento de los marcos regulatorios vigentes. Desde el Ejecutivo enfatizaron que las acciones ejecutadas siguieron los «procedimientos normales» contemplados en la ley para el cobro de créditos de esta naturaleza, recalcando que la medida continuará aplicándose de manera prioritaria sobre aquellos deudores con tramos de ingresos altos que no han regularizado su situación. Las autoridades insistieron en que el Estado tiene la obligación de recuperar los fondos públicos invertidos, aunque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, matizó que sostendrá reuniones urgentes con la TGR para evaluar soluciones particulares para quienes hayan sufrido la retención de sus saldos percibiendo rentas inferiores al piso establecido de los 3,5 millones de pesos.

La ofensiva recaudadora también abrió un intenso debate en el espectro político. Al respecto, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió firmemente la necesidad de recuperar los fondos públicos adeudados, señalando que la falta de pago responde a «una irresponsabilidad de años de las autoridades pasadas» y que estos montos estancados impiden ejecutar diversos proyectos sociales. En un tono categórico, el timonel republicano fustigó la cultura del no pago afirmando que «no puede ser que cuando se le debe al Estado, simplemente opere el Espíritu Santo. O sea, la persona que se le ocurrió un día que, quizás, tal vez, tenía que pagar, sean los únicos que pagan». No obstante, sintonizando en parte con la autocrítica del Ejecutivo, Squella hizo un llamado a revisar en el Congreso Nacional las atribuciones de la Tesorería si es que se consideran sobredimensionadas, recalcando que se deben corregir con urgencia aquellas fallas del sistema donde se terminaron congelando fondos de personas vulnerables o de clase media baja.

Para profundizar en el debate legislativo y los descargos políticos surgidos tras esta medida de Tesorería, puedes revisar las declaraciones completas en el siguiente Video de CADEM en YouTube en el que fue entrevistado Arturo Squella, donde se detalla la postura del timonel republicano frente a la millonaria deuda que mantiene el Estado por concepto del CAE.