El magistrado de Valdivia, Pablo Yáñez, criticó duramente al Ministerio de Seguridad por intentar fundamentar medidas cautelares gravosas basándose en delitos que aún no han sido formalizados ni acreditados en el proceso.

 

El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó la libertad de los tres estudiantes de la Universidad Austral (UACh) imputados por agredir a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Sin embargo, lo que acaparó la atención no fue solo la resolución, sino la frase del juez Pablo Yáñez, quien acusó a los querellantes de realizar “ciencia ficción” jurídica.

 

La controversia estalló cuando el abogado del Ministerio de Seguridad, Joaquín Pizarro, solicitó la prisión preventiva para Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga. El Gobierno argumentó que la agresión —ocurrida el pasado 8 de abril— podría escalar a una querella por secuestro, debido a que la secretaria de Estado permaneció cerca de dos horas encerrada en una sala ante la hostilidad de los manifestantes.

 

Ante esto, el juez Yáñez fue tajante al señalar que no puede juzgar sobre hipótesis futuras:

 

“Yo no me puedo hacer cargo de algo que no está en este procedimiento… Eso me determina a mí, directamente desde ya, que no puedo decretar la prisión preventiva, por más que la parte querellante haga ciencia ficción. Lo digo con mucho respeto, no con un ánimo de polemizar”.

 

El magistrado subrayó que, al momento de la audiencia, no se incorporó ningún antecedente que configurara el delito de secuestro, y que su labor es verificar los elementos del delito por el cual se formalizó: atentado contra la autoridad.

 

A pesar de que la Fiscalía solicitó arresto domiciliario nocturno y el Gobierno la prisión preventiva, el tribunal consideró que dichas medidas eran desproporcionadas. El juez recordó que los imputados son estudiantes y que el arresto domiciliario no debe ser utilizado como una “sanción anticipada”.

 

Finalmente, el tribunal decretó para los tres universitarios, firma quincenal, arraigo nacional y prohibición absoluta de acercarse a la víctima.

 

Según el relato de la fiscal Alejandra Anabalón, la jornada del 8 de abril fue crítica. Tras una clase magistral de la ministra, grupos de estudiantes bloquearon las salidas del aula magna, obligando a Lincolao a refugiarse en oficinas y subterráneos por dos horas.

 

Al intentar abandonar el recinto, la situación escaló:

 

María Jesús Madariaga es señalada por lanzar líquidos a la autoridad.

 

Joaquín Monje habría intentado agredir físicamente a la ministra, siendo contenido por personal de la Armada y la PDI.

 

Pablo Vásquez fue captado golpeando con su mochila y propinando patadas al vehículo oficial.

 

Mientras el Ministerio Público dispone de 120 días para investigar, la Universidad Austral confirmó que mantiene abierto un sumario interno. Los tres estudiantes arriesgan la expulsión definitiva de la casa de estudios, proceso que está siendo monitoreado por la Superintendencia de Educación Superior.

 

Por su parte, el Gobierno y la Fiscalía confirmaron que evaluarán apelar a la resolución para intentar revertir la libertad de los jóvenes.