En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las sentencias contra tres oficiales en retiro del Ejército por su responsabilidad en la incineración de archivos microfilmados pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones (CNI). La resolución judicial subraya que la eliminación de estos documentos representó un daño irreparable para el acceso a la verdad y la justicia en causas de violaciones a los derechos humanos.

Las condenas: Autores y encubridores

El tribunal ratificó las penas impuestas por el delito de infidelidad de custodia de documentos, desglosadas de la siguiente manera:

• General de Brigada (r) Eduardo Jara Hallad: Condenado a 3 años y un día de reclusión en calidad de autor.

• Teniente Coronel (r) Mercedes Rojas Kuschevich: Condenada a 3 años y un día de reclusión en calidad de autora.

• General de División (r) Carlos Chacón Guerrero: Condenado a 200 días de reclusión en calidad de encubridor.

El operativo delictivo: Fuego en la Escuela de Inteligencia

Los hechos ocurrieron entre los años 2000 y 2001. Según la investigación, bajo las órdenes del general Jara Hallad, la entonces teniente coronel Rojas Kuschevich coordinó la inspección y posterior destrucción de material microfilmado que se encontraba en dependencias de Contrainteligencia de la DINE.

Los documentos fueron trasladados a la localidad de Nos, específicamente a la Escuela de Inteligencia, donde fueron quemados de forma irregular y sin dejar registro legal alguno. El fallo establece que, aunque no se emitieron actas oficiales, el operativo fue reportado oportunamente al jefe del Estado Mayor de la época, Carlos Chacón Guerrero.

Un golpe a la verdad histórica y judicial

La destrucción de estos archivos no es un hecho administrativo menor; constituye una pérdida crítica para los procesos judiciales en curso. La información contenida en esos microfilmes cubría el periodo entre 1980 y 1982, años clave para entender la estructura represiva de la dictadura.

Impacto de la pérdida documental:

• Cadenas de mando: Los archivos permitían identificar patrones de responsabilidad estatal y establecer quiénes daban las órdenes.

• Casos emblemáticos: Se perdió información relevante sobre el seguimiento realizado al ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

• Búsqueda de detenidos desaparecidos: Los documentos funcionaban como prueba directa en causas de desaparición forzada.

• Derecho a la identidad: Las familias pierden la oportunidad de conocer el destino o las circunstancias de persecución de sus seres queridos.

La postura del INDH: Contra los «pactos de silencio»

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su Informe Anual 2025, incluyó este caso como un ejemplo de las barreras que aún persisten para alcanzar la plena justicia transicional en Chile.

«Estos procesos no han estado exentos de retrocesos o pausas que reflejan… la resistencia de los responsables y de quienes participaron o conocieron de las violaciones a los derechos humanos a terminar con los pactos de silencio«, señala el informe del organismo.

Para el INDH, la preservación de archivos es un pilar fundamental para la no repetición, ya que garantiza que la memoria social no quede oculta y promueve una educación basada en el compromiso democrático. Con este fallo, la justicia chilena envía una señal clara contra la impunidad derivada de la destrucción de evidencia histórica.