El concejal Ignacio Álvarez ingresó un oficio preventivo para fiscalizar la contratación de «operadores políticos». La medida busca evitar que la administración local se transforme en una «bolsa de empleo» para quienes abandonan cargos en el aparato estatal.

CASTRO. – La posibilidad de que el municipio de Castro se convierta en una «pista de aterrizaje» para exfuncionarios y autoridades que han dejado sus cargos en el Gobierno de Gabriel Boric ha encendido las alarmas en el Concejo Municipal. Ante este escenario, se ha formalizado una solicitud de transparencia para vigilar de cerca los procesos de reclutamiento dentro de la casa edilicia.

La acción fue encabezada por el concejal Ignacio Álvarez Vera, quien ingresó un oficio formal dirigido a la administración municipal. El documento solicita antecedentes detallados sobre eventuales nuevas contrataciones de personas que hayan desempeñado roles en el gobierno central, bajo la premisa de que los recursos locales deben responder a criterios técnicos y territoriales, y no a favores partidistas.

«No es una bolsa de empleo»

El cuestionamiento apunta directamente a la práctica de la «reubicación» política, un fenómeno que suele intensificarse tras los cambios de gabinete o ajustes en las reparticiones públicas estatales. Según explicó la autoridad, el objetivo es blindar a Castro —y por extensión a la provincia de Chiloé— de redes de influencia que busquen posicionar a figuras afines en puestos municipales.

“Vamos a mantenernos atentos, porque Castro no puede transformarse en una bolsa de empleo para quienes salen del gobierno”, enfatizó Álvarez, subrayando que la ciudadanía exige hoy estándares de probidad mucho más altos.

El rol de los operadores políticos

La preocupación central radica en el funcionamiento de ciertos sectores que operan para generar espacios laborales de conveniencia política. En este sentido, el concejal advirtió que, si bien existen profesionales valiosos en todos los sectores, la prioridad de ingreso a la municipalidad debe estar dictada por las necesidades reales del territorio.

“Existen operadores políticos que se dedican a generar espacios laborales para ciertos sectores. Por eso es clave que haya fiscalización y total transparencia en cada contratación municipal”, señaló el edil, haciendo hincapié en que estas decisiones deben basarse en el desarrollo local y no en compromisos de cúpulas.

Deber fiscalizador sobre cercanías personales

Pese a reconocer que mantiene relaciones de cercanía y amistad con personas que trabajaron en distintas reparticiones del actual gobierno del Presidente Boric, Álvarez fue enfático en que su rol fiscalizador es ineludible.

“La labor exige dejar de lado cualquier consideración personal y actuar pensando en lo mejor para Castro y la provincia”, sostuvo, aclarando que su postura no es un ataque personal, sino una defensa del correcto funcionamiento institucional.

Con esta medida, el foco queda puesto sobre la administración municipal, que deberá transparentar si las nuevas incorporaciones a su plantilla responden a un perfil técnico que aporte al progreso de la comuna o si, efectivamente, Castro está siendo utilizada como refugio para cuadros políticos en retirada.