VALPARAÍSO.– Por un estrecho margen de 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados visó la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Con este resultado, el libelo que busca establecer la responsabilidad política de la exautoridad por las proyecciones de déficit fiscal y deuda pública emitidas al cierre del gobierno de Gabriel Boric se trasladará al Senado, corporación que resolverá como jurado.

La mesa de acusadores en la Cámara Alta quedará integrada por los diputados Pier Karlezi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz, quienes deberán sostener la admisibilidad del texto tras una jornada donde se evidenciaron nítidas grietas transversales en las distintas bancadas.

 

 

La sesión, que comenzó a las 10:00 horas, estuvo marcada por la estrategia de la defensa, liderada por el abogado Patricio Zapata. El jurista intentó invocar la cuestión previa argumentando «problemas existenciales» de forma en el texto, sosteniendo además que un informe reciente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) diluía el sustento técnico de los cuestionamientos. No obstante, la Sala desestimó la herramienta formal, forzando la revisión del fondo del libelo.

El núcleo de la ofensiva —promovida originalmente por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, con el posterior endoso del Partido de la Gente (PDG)— apunta a las discrepancias metodológicas y numéricas entre las proyecciones fiscales de la administración anterior y el comportamiento real de las cuentas públicas en los ejercicios posteriores.

 

Desde el bloque acusador, el diputado Pier Karlezi (PNL) fundamentó el voto a favor señalando que el proceso «no persigue errores, persigue responsabilidades, la falta de correcciones». En tanto, Javier Olivares comprometió el respaldo cerrado del PDG bajo la premisa de que las estimaciones de Hacienda impactan directamente en las condiciones macroeconómicas de la clase media.

 

 

La votación dejó en evidencia la fragmentación de los bloques de representación en el Congreso. El requerimiento llegó al hemiciclo con un informe negativo de la comisión revisora. Su presidenta, Marcela Hernando (PR), expuso en Sala que la parte acusadora no logró precisar qué infracción legal o constitucional específica cometió el exsecretario de Estado.

 

Las posturas oficialistas sintonizaron con este diagnóstico. Mientras el diputado Juan Santana (PS) cuestionó que se intente penalizar «una proyección del futuro», Carlos Cuadrado (PPD) atribuyó la viabilidad de la acusación a una falta de argumentos técnicos.

 

Sin embargo, el debate también tensionó a la oposición. El desmarque del diputado Luis Pardo (RN), quien votó en contra de la iniciativa tras calificar la seguidilla de acusaciones como una «chacota» que resta tiempo a la agenda legislativa ordinaria, expuso que el consenso en la derecha respecto al uso de esta herramienta constitucional sigue siendo frágil.