En una extensa jornada judicial, el Tribunal de Garantía dictó una resolución que cambia el rumbo del caso «Púlpito». La magistrada rechazó la solicitud de prisión preventiva para los 25 comuneros detenidos, permitiendo que la gran mayoría recupere su libertad bajo medidas cautelares de menor intensidad.

Medidas cautelares y libertad inmediata

Pese a la gravedad de los cargos iniciales, la jueza determinó que los imputados quedarán sujetos a las siguientes medidas mientras dure la investigación:

• Arraigo nacional.

• Firma semanal.

• Prohibición de acercarse al predio objeto de la disputa.

• Prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas.

Para la mayoría de los detenidos, la salida de los recintos penitenciarios está programada para las 17:30 horas de hoy, proceso que será coordinado por Gendarmería.

Los 9 comuneros que permanecen «en tránsito»

Nueve de los imputados no podrán salir de inmediato y se mantendrán en el penal de Alto Bonito en Puerto Montt. Esta situación no se debe a una cautelar impuesta por la jueza, sino a una apelación verbal presentada por el Ministerio Público y los querellantes en la audiencia, lo que suspende su libertad hasta que la Corte de Apelaciones resuelva el recurso.

Los comuneros que permanecen en esta condición son:

1. Loncuante Águila

2. Alvarado Vega

3. Arias Cruces

4. Cárdenas Huichapiren

5. Cárdenas Bárcenas

6. Calbun Santana

7. Jaramillo González

8. Remolcoy Guenul

9. Cayun Yudoman

La defensa espera que la Corte de Apelaciones conozca el recurso esta misma semana, dada la preferencia de estas causas por haber personas privadas de libertad.

Los argumentos de la Magistrada: Fallas en la investigación

La decisión del tribunal se fundamentó en críticas directas a la calidad de las pruebas presentadas:

• Informe de la PDI cuestionado: La abogada Llauca destacó que la magistrada identificó serias inconsistencias, errores y entrega de información incorrecta en el Informe N° 43 de la Policía de Investigaciones (PDI).

• Desestimación de delitos graves: En esta etapa procesal, el tribunal descartó la existencia de lavado de activos y asociación delictual. Según la resolución, las relaciones entre los imputados no constituyen un «concierto para delinquir», sino que son relaciones casuales derivadas de la práctica habitual de compra y venta de leña.

• Recalificación: Por ahora, solo se consideran acreditados los delitos de usurpación y hurto/sustracción, los cuales, incluso en caso de condena, permitirían optar a penas sustitutivas en libertad.

Lo que viene: 300 días de investigación

El tribunal fijó un plazo de 300 días para el cierre de la investigación, acogiendo la solicitud de la Fiscalía pese a la oposición de la defensa, que pedía solo 120 días argumentando que el caso ya lleva años bajo indagatoria.

La abogada Orietta Llauca anunció que ya se traslada a Puerto Montt para seguir de cerca la situación de quienes siguen en Alto Bonito y que, de ser necesario, recurrirán vía Recurso de Amparo hasta la Corte Suprema para garantizar la libertad de sus representados.