La Sala de la Cámara aprobó la resolución 186. En ella, se hace un llamado al Presidente de la República a promover reformas legales y reglamentarias para proteger a trabajadores, proveedores y pequeños emprendedores locales, ante la quiebra de una empresa adjudicataria de una obra o concesión pública.

El documento expone lo problemático que resulta que los proyectos de inversión pública se paralicen o cancelen. Particularmente, cuando obedece a la quiebra de la empresa adjudicataria.

Dicha situación, perjudica otras inversiones paralelas realizadas para sustentar la entrega de servicios a dichas empresas y a los trabajadores.

Se alerta que este escenario puede ser mas común en lo sucesivo, dado el encarecimiento de los insumos, entre otros factores.

En tal plano, se estima necesario actualizar la legislación de contratación pública y sobre insolvencia. Al respecto, se sugiere aumentar las sanciones o establecer nuevas inhabilidades respecto de empresas que han entrado en insolvencia.

Además, se llama a extender hacia proveedores locales, la atribución que tiene el Ministerio de Obras Públicas para retener montos adeudados a trabajadores.