En el Congreso Nacional, un proyecto de ley enfocado en la protección de la biodiversidad ha desatado una intensa polémica. El debate se centra en la creación del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y la Ley para la Naturaleza, que podría paralizar las futuras concesiones marítimas de la industria del salmón en dichas áreas, la iniciativa de la creación de este servició fue aprobada – en tercer trámite legislativo – por el Senado el pasado mes de abril.

 

En apoyo a las manifestaciones, que se están llevando a cabo en el centro de Puerto Montt, operadores del Canal de Chacao decidieron paralizar sus actividades durante una hora, entre las 10 y las 11 de la mañana de este viernes 26 de mayo.

Tensiones se han generado entre la industria salmonera y el Gobierno, ya que los representantes del sector argumentan que la iniciativa legislativa afectaría negativamente al empleo.

 

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se refirió a las dudas que han surgido con la tramitación la denominada Ley para la Naturaleza y la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y a los impactos que esta puede tener en la salmonicultura en el país, haciendo énfasis en que la ley no será retroactiva.

 

A través de un hilo de Twitter, la ministra explicó que “el proyecto busca resguardar las áreas protegidas, zonas que como hemos decidido cuidar por su valor en biodiversidad y los beneficios que nos entregan. Para cumplirlo la Ley para la Naturaleza prohíbe nuevas concesiones de salmonicultura, pero se mantienen las actuales”.

 

El proyecto de ley busca establecer un marco regulatorio más estricto para la industria del salmón, considerada una de las principales actividades económicas en las regiones costeras de Chile. El objetivo principal es proteger la biodiversidad marina y preservar áreas de gran importancia ambiental.

 

Los Senadores por la región de Los Lagos Iván Moreira , Carlos Kuschel y Fidel Espinoza se cuadraron con la industria del salmón, indicando que esto afectaría el empleo.

 

En tanto, distintas organizaciones regionales (Terram, Rewilding Chile, Mission Blue y Defendamos Chiloé; entre otras) solicitaron que no se entreguen nuevas concesiones en áreas protegidas, independiente de la categoría. Además, pidieron que se rechace toda solicitud en trámite.

 

Finalmente, si es que alguna empresa instalada en estos lugares incumple la legislación, invocando una causal de caducidad, requirieron que sean sacadas de las áreas protegidas sin posibilidad de relocalización.

 

Arturo Clément, presidente de SalmonChile, acusa que el texto incluye una modificación a la Ley de Pesca, que daría paso a eliminar la operación de las empresas del rubro en reservas nacionales.

 

«Este proyecto sería un torpedo a la línea de flotación de la industria salmonera. Si no se resuelve bien, va a significar una jibarización de la salmonicultura y eso tiene costos muy altos para Chile y especialmente para el sur austral», aseguró en El Mercurio, subrayando que «la acuicultura representa un 2% del PIB nacional, o sea, somos relevantes a nivel nacional y para qué decirlo a nivel del sur».