Una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) acusa a Romina Garrido de mantener contratos simultáneos en tres reparticiones públicas, sumando una jornada de 17 horas diarias, además de posibles conflictos de interés.

SANTIAGO – A medida que el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, se alista para el cambio de mando, una sombra de duda se posa sobre la futura subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido. Una denuncia ingresada el pasado 24 de febrero ante la Contraloría General de la República (CGR) solicita investigar presuntas faltas administrativas y conflictos de interés de la abogada experta en protección de datos.

El documento, al que tuvo acceso CIPER, expone tres puntos críticos: la superposición de jornadas laborales, el impago prolongado de una deuda fiscal y su doble rol como asesora legislativa y dueña de una consultora privada.

La «Súper Jornada» de 17 Horas

La acusación más llamativa apunta a que Garrido habría mantenido tres vínculos contractuales simultáneos con el Estado durante el año 2019, lo que, según el cálculo de la denuncia, habría requerido una jornada laboral de 17 horas diarias.

Los contratos registrados son:

• Subsecretaría de Salud Pública: Asesora jurídica (1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021). Remuneración: entre $1,8 y $2 millones.

• Subsecretaría de Transportes: Asesora a honorarios para el gabinete ministerial (2 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2022). Remuneración: entre $2 y $2,6 millones.

• Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel): Asesoría en normas de Televisión Digital (9 de mayo al 31 de octubre de 2019). Renta: $450 mil mensuales.

El cruce de datos revela que en diciembre de 2019, Garrido prestó servicios para las tres entidades de forma concurrente. Hasta la fecha, ninguna de las reparticiones ha aclarado cómo se compatibilizaron los horarios.

Deuda de licencias médicas pagada «a última hora»

Otro de los antecedentes clave es la existencia de una deuda fiscal por $871.458 a favor de la Subsecretaría de Transportes. El monto corresponde a licencias médicas no reintegradas tras su renuncia en 2022.

Lo controversial del hecho radica en los tiempos: la deuda se mantuvo impaga durante cuatro años y solo fue saldada en febrero de este año, pocos días antes de que Kast anunciara oficialmente su nombramiento. Un oficio interno de diciembre de 2022 ya advertía la necesidad de constituirla como «deudora fiscal» para resguardar el patrimonio del Estado.

Conflictos de Interés en Protección de Datos

La denuncia también cuestiona la idoneidad ética de Garrido debido a su actividad privada. Mientras participaba como asesora experta en la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales (específicamente para el senador Kenneth Pugh), mantenía la propiedad de Privacy Consulting, una empresa dedicada a ofrecer servicios de cumplimiento normativo en esa misma materia.

«La futura ley de datos personales contempla la implementación de programas de prevención de infracciones, los que si bien son voluntarios, pueden ser atenuantes de infracciones y multas», destacaba el sitio web de su consultora en 2023.

El escrito ante la CGR plantea que Garrido habría promovido cambios legales que beneficiaban directamente el modelo de negocio de su consultora privada.

El Informe de la OPE: «¿Mitigación de daños?»

Finalmente, la denuncia incluye un extracto de un informe titulado “Recomendaciones Operativas (OPE)”, que presuntamente circuló en la oficina del presidente electo. En el apartado 6.2, el documento es lapidario:

“Ante la contundencia de la evidencia de incompatibilidad estratégica, técnica, ética y política, se sugiere (…) considerar la reubicación inmediata de Romina Garrido en un cargo técnico de segunda línea, más afín a su perfil académico y menos expuesto política ni operativamente”.

Pese a la especificidad del texto, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) respondieron a CIPER que dicho informe “no tiene nada que ver con ellos”, sin desmentir explícitamente haberlo recibido.