En una estrecha votación de 23 votos a favor y 22 en contra, la Sala despachó la iniciativa que busca «humanizar» las penas para reos de avanzada edad o con enfermedades terminales. La oposición anunció reserva de constitucionalidad, alertando sobre riesgos de impunidad en crímenes de lesa humanidad.

Por Redacción

Miércoles, 4 de marzo de 2026

Tras tres intensas sesiones de debate, el Senado aprobó este miércoles en general el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. La iniciativa, impulsada por parlamentarios de derecha, permitiría que reclusos de avanzada edad o con enfermedades graves —incluidos aquellos condenados por violaciones a los Derechos Humanos— puedan conmutar su permanencia en recintos carcelarios por reclusión domiciliaria total.

El resultado de la votación reflejó la profunda división en la cámara alta: 23 votos a favor (principalmente de las bancadas de la UDI y RN) frente a 22 votos en contra (desde el oficialismo y sectores independientes). No se registraron abstenciones ni pareos.

Los alcances de la ley y los beneficiarios

El proyecto consta de cuatro artículos fundamentales. El núcleo de la propuesta establece que la reclusión domiciliaria consistirá en el encierro en el domicilio del condenado durante las 24 horas del día. Las hipótesis para acceder a este beneficio incluyen:

• Enfermedad crónica o terminal: Cuando la privación de libertad impida un tratamiento adecuado.

• Discapacidad: Cuando las condiciones carcelarias impliquen un trato indigno o cruel.

• Factor edad: Internos que tengan 70 años o más y cuya suma de edad real más los años de cárcel efectiva sea igual o superior a 80.

Desde el Gobierno y sectores críticos han alertado que, bajo estos criterios, figuras condenadas por delitos atroces podrían abandonar la cárcel. Entre los nombres que califican figuran el exagente de la DINA, Miguel Krassnoff; el «psicópata de Alto Hospicio», Julio Pérez Silva; María del Pilar Pérez («La Quintrala»); y eventualmente Hugo Bustamante, condenado por el caso Ámbar Cornejo.

Un debate marcado por la «impunidad» vs. la «humanidad»

Los defensores de la moción, como el senador Francisco Chahuán, sostienen que la medida busca elevar los estándares de dignidad humana para reclusos que el Estado ya no puede atender adecuadamente por su deterioro físico. «No se busca impunidad, sino un cambio en la modalidad de cumplimiento de la pena», señalaron durante la discusión.

En la vereda opuesta, la senadora Yasna Provoste anunció una reserva de constitucionalidad, argumentando que el proyecto vulnera tratados internacionales como el Estatuto de Roma, al permitir beneficios a responsables de crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la senadora Fabiola Campillai y el senador Fidel Espinoza también manifestaron su rechazo, calificando los requisitos de la ley como «laxos».

¿Qué sigue ahora?

Tras la aprobación en general, la senadora Claudia Pascual solicitó la apertura de un plazo para presentar indicaciones y corregir aspectos técnicos del articulado.

• Fecha límite: El lunes 16 de marzo a las 12:00 horas vence el plazo para ingresar modificaciones.

• Trámite: El proyecto deberá ser analizado nuevamente en particular y, de ser despachado por el Senado, pasará a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Tabla: Detalle de la votación en el Senado