Nacional.— El Senado aprobó durante la madrugada de este jueves los principales artículos de la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno, en una votación estrecha que despachó el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y desarrollo económico y social a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La sesión comenzó a las 15:00 horas del miércoles y se extendió hasta las 2:39 de la madrugada, cuando la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dio por finalizada la votación en particular del articulado, que consta de 38 artículos permanentes y 25 transitorios.

La iniciativa fue aprobada con los 26 votos del oficialismo frente a 24 de la oposición en la mayoría de las normas clave. Entre sus principales medidas, el proyecto contempla una rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde el 27% actual al 23%, con un cronograma que fija una tasa de 25,5% para 2027, 24% para 2028 y la tasa permanente de 23% a partir del año comercial 2029.

Con la misma correlación de fuerzas, la Cámara Alta aprobó el mecanismo de reintegración tributaria, además de una invariabilidad tributaria de hasta 20 años para grandes inversiones y modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En el plano social, el Senado ratificó por 28 votos a favor y 22 en contra el artículo que establece la exención del pago de contribuciones para adultos mayores. Por su parte, la creación del instrumento de crédito al empleo obtuvo un respaldo transversal, con 44 votos a favor, uno en contra y una abstención.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el avance del proyecto y lo vinculó a la reconstrucción tras los incendios que afectaron a las regiones del Biobío y Ñuble. Durante las negociaciones previas a la votación, el PPD se retiró del acuerdo con el Ejecutivo.

El proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite constitucional, en medio de múltiples reservas de constitucionalidad y del anuncio de eventuales requerimientos ante el Tribunal Constitucional. En paralelo, el Servel advirtió sobre una posible inconstitucionalidad en la exención de contribuciones, que a su juicio vulneraría la privacidad de los datos electorales, mientras que Naciones Unidas planteó cinco ejes de preocupación por el proyecto, entre ellos su impacto ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.