El Tribunal Electoral Regional (TER) ha declarado admisible la demanda por notable abandono de deberes y falta a la probidad interpuesta por el actual alcalde de Castro, Baltazar Elgueta Cheuquepil, y el concejal Ignacio Álvarez Vera, en contra del exalcalde de la comuna, Juan Eduardo Vera. La acción legal se fundamenta en una serie de presuntas irregularidades y decisiones administrativas que habrían generado un grave perjuicio al patrimonio municipal.

El alcalde Elgueta, a casi seis meses de asumir su cargo, afirmó que la medida responde a su compromiso de campaña con la transparencia. “Me he encontrado con muchas situaciones anómalas y he creído conveniente hacer esta demanda porque por transparencia, eso es lo que manifesté cuando era candidato”, señaló. “Tengo que seguir adelante, transparentar todo lo que ha sucedido en la Ilustre Municipalidad de Castro y también en la Corporación. No me va a temblar la mano, no tengo miedo a nada”, enfatizó el edil, recalcando que es el Tribunal Electoral el órgano que debe tomar acción sobre lo ocurrido.

Por su parte, el concejal Ignacio Álvarez Vera, señaló que ha ejercido una labor fiscalizadora desde el período anterior, y se mostró satisfecho con la resolución del TER. «Teníamos el deber moral y jurídico de poder presentar este requerimiento», indicó. Álvarez detalló que la demanda, compuesta por diez capítulos, expone hechos «sumamente cuestionables, decisiones administrativas deficientes, incluso trámites jurídicos de alta gravedad».

Entre las acusaciones más relevantes, el concejal destacó el impacto de la no contestación del contrato colectivo de los asistentes de la educación, lo que habría significado un aumento anual de cerca de $1.500 millones en los costos para la Corporación Municipal.

Asimismo, se denuncia la presunta utilización de fondos del área de salud para fines educativos, una práctica que, según Álvarez, «corresponde a una falta administrativa y que incluso podría generar eventuales acciones penales por el delito de malversación de caudales públicos». Este hecho ya estaría en conocimiento del Ministerio Público.

Otro punto crítico de la demanda se refiere a una supuesta negligencia en la defensa del patrimonio municipal en al menos nueve causas judiciales, donde la falta de contestación y comparecencia en las audiencias habría resultado en una condena que significó un perjuicio patrimonial cercano a los $1.000 millones para la entidad.

Además, se acusa a la administración anterior de no otorgar en reiteradas ocasiones el plazo legal de cinco días que tienen los concejales para estudiar modificaciones presupuestarias y del no pago de impuestos correspondientes a contratos a honorarios durante el año 2024, lo que derivó en millonarias multas e intereses. «Hoy, la municipalidad ha transferido a la corporación municipal en este año 2025, cerca de 5.000 millones de pesos a efecto de poder tapar el hoyo que quedó en la corporación municipal», afirmó el concejal.

“Esto es algo que no puede quedar impune. Las malas decisiones administrativas, las malas decisiones políticas tienen efectos, tienen consecuencias», concluyó Álvarez. «Se espera que la justicia investigue toda la documentación y toda la prueba que corresponde. Porque el tener o no tener las manos limpias no puede ser solamente un discurso, tiene que ser declarado por la justicia”.

Con la admisibilidad de la demanda, se abre un proceso judicial en el que el Tribunal Electoral Regional deberá analizar los antecedentes presentados y determinar si existen méritos para establecer las responsabilidades que se le imputan al exalcalde Juan Eduardo Vera.