Una compleja situación enfrentan diversas beneficiarias del Programa de Recuperación Económica a través de Microemprendimiento Familiares (MEF) en la Región de Los Lagos. A pesar de contar con la infraestructura y el equipamiento necesario para operar, la burocracia estatal y la demora en la entrega de resoluciones sanitarias mantienen frenado el desarrollo productivo de mujeres de la pesca artesanal, quienes llevan cuatro años esperando formalizar sus negocios.

La problemática fue expuesta ante el pleno del Consejo Regional de Los Lagos, evidenciando una brecha significativa entre la inversión pública realizada y los resultados concretos para las usuarias. El programa, impulsado y financiado por el Gobierno Regional en el año 2021 con un monto de mil millones de pesos y ejecutado por la Fundación Chinquihue, tenía como objetivo central otorgar capacidades instaladas a 83 mujeres de la región. La meta final era la obtención de la resolución sanitaria, el «pasaporte» indispensable para mejorar la calidad de sus productos, agregar valor y acceder a mercados formales competitivos.

Sin embargo, la realidad actual muestra un escenario dispar. Si bien existen casos de éxito que demuestran el potencial de la iniciativa —como el de la señora Carmen Díaz en la comuna de Chonchi, quien hoy comercializa sus productos con valor agregado cumpliendo todos los objetivos del programa—, un número preocupante de beneficiarias se encuentra en un «limbo» administrativo.

Francisco Cárcamo, presidente de la Comisión de Fomento del Consejo Regional, alertó sobre esta situación, enfatizando que la responsabilidad recae en la tramitación por parte de la Autoridad Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud. «Es digno reconocer cuando las cosas se hacen bien, pero también debemos señalar lo que no funciona. Estamos trabajando con la pesca artesanal y con el esfuerzo de mujeres que merecen ingresar a mercados formales», señaló la autoridad regional.

La gravedad del asunto radica en que la falta de este documento no solo impide la venta formal, sino que bloquea el crecimiento futuro de las emprendedoras. Así lo grafican testimonios recabados en terreno, como el de Marisol Santana, de la isla de Lemuy: «Me entregaron mi sala de proceso, pero llevo años esperando terminar mi proyecto y, al no tener resolución sanitaria, no he podido optar a otros proyectos». Una situación similar vive Nancy Chodil, del sector de Cucao, quien pese a recibir su micromódulo (container) en 2021, continúa siendo tramitada por el sistema de salud sin obtener luz verde.

«Eso no lo podemos aceptar, porque es un proyecto del año 2021. Han pasado cuatro años y es mucho tiempo», sentenció Cárcamo ante sus pares, haciendo hincapié en que la infraestructura se deteriora y las oportunidades se pierden mientras los papeles no llegan.

Ante este escenario, se ha solicitado formalmente al Gobierno Regional, específicamente a la División de Fomento, que tome cartas en el asunto. El objetivo es instruir un seguimiento exhaustivo caso a caso y brindar un acompañamiento real a las beneficiarias que, pese a la inversión estatal y su propio esfuerzo, siguen esperando que la burocracia les permita trabajar.