El Ejecutivo impugnó ante el Tribunal Constitucional el artículo que impide cortar suministros básicos en zonas declaradas de catástrofe. Hacienda argumenta que la norma excede las ideas matrices del proyecto; la decisión, además, quedó marcada por una descoordinación interna que el propio oficialismo reconoció.

El Gobierno justificó su sorpresiva decisión de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el artículo de la megarreforma de reconstrucción que obliga a la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas de catástrofe.

La norma impugnada impide suspender el suministro de luz, agua o gas por no pago y obliga a reponerlo sin costo en esas zonas. Fue incorporada de forma permanente mediante una indicación parlamentaria, sobre un proyecto cuyo objetivo original era financiar y acelerar la reconstrucción de las áreas afectadas.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que la disposición se aparta del propósito del proyecto y recordó que al presentarse la indicación él mismo formuló una reserva de constitucionalidad. «Esto está fuera de idea matriz», planteó el secretario de Estado.

El riesgo de legislar en emergencia

El Ejecutivo advirtió sobre los riesgos de legislar apresuradamente en medio de emergencias nacionales: cuando se dicta una norma fuera de la idea matriz, argumentó Quiroz, aumenta la probabilidad de errores.

Con todo, el titular de Hacienda aclaró que el Gobierno no rechaza el beneficio en sí. Señaló que no están cerrados a una norma especial para casos de catástrofe, siempre que quede bien redactada y, eventualmente, se tramite como artículo único.

Por qué se descartó el veto

Consultado sobre por qué no se optó por un veto presidencial aditivo para corregir el texto en el Congreso, Quiroz defendió la vía judicial apelando a los plazos: el veto tiene tiempos de tramitación distintos y al Ejecutivo le interesa avanzar rápido con el resto de la megarreforma.

La ofensiva legal altera los planes inmediatos de La Moneda, donde ya se preparaba la logística de la promulgación. El recurso se suma a las causas que la oposición ya tramitaba ante el TC —anatocismo, derecho al olvido financiero y pago a pymes en 30 días—, por lo que el proceso completo sufrirá demoras, aunque los análisis preliminares apuntan a un retraso acotado.

La descoordinación que quedó al descubierto

La decisión también dejó en evidencia una falla interna. El martes, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó públicamente que no manejaba información sobre el requerimiento.

Un día después, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, reconoció que hubo «un problema de coordinación en la comunicación» y sostuvo que los presidentes de partido sí estaban al tanto, descartando roces entre Interior y Hacienda.

Según información recogida por Radio ADN, el recurso se adoptó e ingresó el sábado, con conocimiento de Hacienda y de la Segpres —aunque no necesariamente del momento exacto—, y la decisión tuvo carácter político. Alvarado habría expresado antes su desacuerdo con judicializar la norma, lo que explicaría que no se le informara directamente; en Interior sostendrían que el ministro quedó con la convicción de que el artículo seguiría su tramitación sin ser impugnado. El tema tampoco figuró en el Comité Político del lunes 10 de agosto, encabezado por el Presidente Kast, concentrado en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), llamó a mejorar la coordinación del Ejecutivo, pero respaldó el uso de las herramientas constitucionales disponibles y señaló que corresponde al TC resolver si la norma se ajusta a la Carta Fundamental.