Vía indicación renovada se incluyó en el texto una prohibición para efectuar excavaciones relacionadas a actividades de cantera o extractivas de ripio en sitios considerados como pomponeras o mallines. Igualmente, se prohibió la extracción de turba y evitar el drenaje de estas con propósito de forestación o extracción productiva.

La fiscalización de estas normas estará a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero. Este podrá sancionar a los infractores con una multa de 2 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (la redacción previa definía multa entre 10 y mil UTM). Para su aplicación se determina una escala que dan cuenta de la gravedad de los hechos, el beneficio económico y la intencionalidad.

Adicionalmente, el texto modifica el Código de Minería para incluir a estos humedales en las excepciones de concesión minera. Asimismo, introduce nuevas exigencias en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente respecto de la autorización de proyectos que puedan provocarles daño.

Detalla, entre otros puntos, que los proyectos o actividades que se ejecuten en turberas requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental.