En un fallo dividido, la Corte Suprema ha revocado la sentencia que había sido apelada por la Municipalidad de Castro y ha acogido el recurso de protección interpuesto por el Comercio Minorista de Castro y la Unión Comunal Esteban Antigual de la capital de Chiloé.

 

El abogado patrocinante del caso, Erwin Soto, destacó que este fallo impone la obligación al municipio de llevar a cabo acciones reales y efectivas de fiscalización.

“El fallo tiene por acreditado que las labores de fiscalización por parte del municipio no han sido eficaces, constatándose la existencia de comercio ambulante en zonas donde no existe autorización para su instalación”, señaló Soto. Con esto, el jurista enfatizó que la Corte Suprema ordena al municipio «adoptar todas las medidas para un control y fiscalización eficaz de la situación del comercio ambulante en la ciudad de Castro, es decir, una fiscalización que surte efecto”.

 

Adicionalmente, el fallo de la Corte Suprema establece la necesidad de regular la situación de la Feria de las Pulgas de Castro Alto, un punto que ha generado polémica en la comunidad. “En el lugar en donde se sitúa la denominada Feria Libre o Feria de las Pulgas, esperamos se realicen las respectivas fiscalizaciones y se proceda a aplicar las sanciones pertinentes a aquellas personas que no cuentan con autorización para comercializar en dicho lugar”, finalizó Soto.

 

En respuesta a la decisión judicial, el abogado Juan Manuel Castro, representante de la Municipalidad de Castro, argumentó que el fallo no introduce cambios significativos en el enfoque actual del municipio. “Adoptar todas las medidas necesarias para el control eficaz, es seguir haciendo lo que estábamos haciendo”, expresó.

 

Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que buscan regular y controlar el comercio informal, que ha ido en aumento en diversas partes del país, generando tensiones entre los comerciantes establecidos y los vendedores ambulantes.

 

La Municipalidad de Castro, tras este fallo, enfrenta ahora el desafío de implementar una estrategia efectiva que responda a las exigencias de la Corte Suprema, y que permita conciliar los intereses de los comerciantes establecidos con la realidad del comercio informal en la ciudad.