La detención se produjo a raíz de una investigación de la Fiscalía de 2020 generada por una denuncia por Ley de Seguridad Interior del Estado.

El arresto se produjo a raíz de una investigación de la Fiscalía generada por una denuncia por Ley de Seguridad Interior del Estado que presentó el gobierno en 2020.

La detención fue realizada por funcionarios de la Policía de Investigaciones en Cañete, en virtud de una orden concedida por el Juzgado de Garantía de Temuco.

A Llaitul se le atribuyen tres hechos relacionados con la Ley de Seguridad del Estado, de los cuales algunos corresponden a la ampliación de querella presentada a fines de julio por el Ministerio del Interior.

Del mismo modo, se le imputan los delitos de hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

Al respecto, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, detalló que «al cabo de esta investigación, en la que se han realizado distintas diligencias -se han decretado medidas intrusivas debidamente autorizadas por el tribunal- con la debida reserva y con la paciencia para recopilar paulatinamente una serie de antecedentes, hemos logrado demostrar no solo la existencia de los delitos, sino que también la participación de este en ellos».

A su vez, indicó que «se produce la detención en Cañete pero él va a ser puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco y la audiencia de formalización se realizará ante ese mismo tribunal».

La detención se produce luego de una serie de polémicas declaraciones que Llaitul había realizado públicamente en el último tiempo. Entre estas, había reconocido los sabotajes a predios de la Macrozona Sur y además había admitido la «recuperación de madera» para financiar armamento de fuego.

Por dicho motivo, el gobierno anunció la ampliación de la querella en su contra. A fines de julio pasado, la ministra del Interior, Izkia Siches, sostuvo que «hemos querido evaluar el ampliar querella en torno a estos hechos que nos parecen graves, como también solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público para demostrarle al país con claridad que el gobierno está comprometido con resolver los conflictos en la zona».