La Superintendencia de Educación (SIE) ha dictado una resolución que inhabilita de manera perpetua a Carlos Gómez Miranda, alcalde de Ancud, para ejercer como sostenedor educativo debido a irregularidades en la gestión de subvenciones. Esta es la sanción más severa que establece la normativa educativa chilena.

 

El problema radica en que la Corporación Municipal de Ancud, de la cual Gómez Miranda es el representante legal, no presentó a tiempo y de manera adecuada la información que justificara los saldos de subvenciones y aportes del Estado recibidos durante el 2021. Esta falta va en contra del artículo Nº 76 de la ley 20.529, que establece las bases del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media.

 

No es la primera vez que la Corporación enfrenta este tipo de sanciones. En 2018, 2019 y 2021, también fue penalizada por no entregar información sobre saldos no acreditados. El monto de subvenciones y aportes del Estado no justificados ha ascendido desde 1.840.279.875 pesos a 6.306.529.262 pesos desde la primera infracción hasta la registrada en 2023.

 

Fernando Pérez Barrera, director regional de Los Lagos de la Superintendencia de Educación, manifestó su preocupación: “Lo sucedido en Ancud es grave y durante este año vimos cómo la continuidad del servicio educativo se puso en riesgo, afectando potencialmente el derecho a la educación de miles en la provincia de Chiloé”.

 

La Corporación Municipal de Ancud tiene 15 días a partir de la notificación para presentar un recurso de reclamación ante el Servicio Nacional de Educación. Si no lo hace, la sanción contra el alcalde quedará en firme.

 

Este hecho ha resonado en la comunidad educativa y ciudadana de Ancud, que muestra inquietud ante el futuro educativo de la provincia. El caso también sirve como recordatorio para otras entidades sostenedoras en el país sobre la importancia de la transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos educativos.