El edificio, que ya había sido catalogado como Monumento Histórico, se ha visto realzado en su valor con la reciente inclusión de importantes testimonios y registros que evidencian su función durante el periodo posterior al Golpe de Estado y durante la dictadura cívico-militar. Testimonios de detenidos recopilados por distintas organizaciones han evidenciado la utilización de esta comisaría como uno de los principales sitios de detención de la provincia, donde eran enviados desde distintos sectores de Chiloé. Los prisioneros, entre los que se encontraban campesinos, obreros, jóvenes, estudiantes universitarios y militantes políticos, enfrentaban interrogatorios, golpes, torturas e incluso violación sexual.

 

El Informe Valech también ha contribuido a revelar las condiciones inhumanas en las que se encontraban los detenidos: pequeños calabozos sin acceso a baño ni alimentos, hacinamiento extremo, entre otras. Esta situación de detención y tortura se desarrollaba en espacios como las caballerizas, la peluquería y los calabozos de la comisaría.

 

La propuesta de modificación fue iniciada por la Agrupación de usuarios PRAIS de Ancud y la Presidenta Delegación Zonal de Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile. Además, la nueva denominación busca reconocer el papel del edificio no solo como hito histórico, sino como un testimonio viviente de la represión y violación de los derechos humanos durante esos oscuros años de la historia chilena.

El Consejo de Monumentos Nacionales, en sesión extraordinaria, acordó por unanimidad el cambio de denominación y la incorporación de nuevos valores y atributos que permiten entender mejor el papel de este inmueble durante la dictadura. Esta decisión no solo tiene como objetivo preservar la memoria histórica de las víctimas, sino también educar y promover los derechos humanos en la sociedad.

 

Con esta modificación, la comisaría pasará a formar parte del Registro Patrimonial de acceso público y del Registro de Monumentos Nacionales. Esta decisión enfatiza la necesidad de reconocer y nunca olvidar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, garantizando la verdad de los hechos y generando garantías efectivas de no repetición en el ámbito de la cultura y el patrimonio.